Urkullu exige a ETA que se desarme ante quien sea, pero de forma «verificable»

A poco más de un mes para que se cumpla el segundo aniversario del cese definitivo de la violencia, se intensifica la presión sobre la banda para que dé nuevos pasos que desbloqueen un proceso hoy por hoy enquistado. Ayer fue el lehendakari quien lanzó un emplazamiento directo. «Exijo que ETA proceda al desarme y su disolución», proclamó Iñigo Urkullu. En el presente mes de septiembre vence además el ultimátum dado a la organización terrorista por la Comisión Internacional de Verificación (CIV) para que avance en la entrega de sus arsenales, bajo la advertencia de que si no hace ningún gesto, los verificadores están dispuestos a poner fin a su labor en Euskadi. Una deserción que privaría a ETA de su históricamente anhelado altavoz internacional.
«Tenemos que insistir en la exigencia de que hay un tiempo pasado que nunca debió existir y que, por tanto, es necesario que ETA proceda a su desarme y a su disolución», insistió ayer Urkullu en una rueda de prensa conjunta con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. El jefe del Ejecutivo vasco contestó así al ser cuestionado por la información divulgada durante la mañana por la agencia Efe, según la cual la organización terrorista tiene previsto iniciar la entrega de sus armas antes de Navidad y de una forma «lenta». La decisión se anunciaría a través de un comunicado en el que la banda ofrecerá un «inventario» del armamento, explosivos y zulos de los que dispone, según las fuentes conocedoras del proceso que cita Efe, pero previsiblemente no dirá ni cómo ni cuándo hará la entrega «ordenada» de su arsenal.
Siempre según estos medios, la banda recurrirá a un organismo internacional «independiente» como «notario» del desarme. Habría descartado hacerlo con el Gobierno de Mariano Rajoy porque éste se ha negado en todo momento a negociar con ETA, y mucho menos sobre el intercambio de las armas por beneficios penitenciarios colectivos para los presos de la organización. Al parecer, también habría desechado la posibilidad, alimentada a principios del verano por el Ejecutivo vasco, el PNV e incluso la izquierda abertzale, de escenificar su desmantelamiento ante las instituciones vascas. En todo caso, esta alternativa despertaba importantes reticencias en el mundo de la antigua Batasuna, que temía que el avance fuera capitalizado por el PNV.
«Ante quién lo haga, me da igual si es verificable y constatable», remarcó ayer Urkullu en referencia a la entrega de las armas, si bien rehusó «especular» sobre los términos concretos de la información de agencia. El lehendakari recordó que éste «es un proceso unilateral que ETA dijo que iba a hacer tras su cese definitivo de la actividad armada», al tiempo que defendió la necesidad de una política penitenciaria «más acorde con la situación actual». No como «contraprestación» a los pasos que pueda dar la banda, aclaró, sino para contribuir a «la normalización de la convivencia» y desde el respeto a una legalidad que reconoce el derecho de los presos a «la reinserción y la resocialización».

Reinserción individual
Y en materia penitenciaria se esperan también novedades relevantes este otoño, como ya anunciara el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, a principios del pasado julio. El autodenominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, según sus siglas en euskera), tiene que pronunciarse en breve sobre las recomendaciones formuladas el pasado 27 de mayo por el ‘foro social’ impulsado por Lokarri para desbloquear el proceso de paz. En lo que atañe a los internos de ETA, la plataforma les emplazó a reconocer el daño causado por la violencia y a aceptar las excarcelaciones y otros beneficios carcelarios individualizados, algo a lo que siempre se ha opuesto la organización a fin de mantener la disciplina interna.
Según las fuentes consultadas por Efe, la mayoría de los 600 miembros del colectivo estarían dispuestos a asumir ambas condiciones, aunque insistirán que las futuras reinserciones se materialicen de forma individual pero tengan un carácter «colectivo». Eso sí, exigirán que se cumplan también los requisitos que el ‘foro social’ establece para el Gobierno: la puesta en libertad de reclusos gravemente enfermos y el fin de la dispersión y de otras leyes penitenciaras «excepcionales» del Estado.
Otro elemento que de alguna forma puede contribuir en fechas próximas a reactivar el adormecido proceso de paz es el pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo sobre la ‘doctrina Parot’. Si la anula, más de medio centenar de presos de ETA deberían quedar en libertad de forma automática y mejorarían notablemente las perspectivas del colectivo, lo que colocará en una posición de fuerza a los sectores más posibilistas.