EL MUNDO 25/11/13
· Entregó a Rajoy una clasificación de los reclusos de la banda para que, de forma escalonada y legal, sólo queden unos 150 en prisión.
El lehendakari Urkullu se reunió con el presidente Rajoy y le entregó un documento de varias páginas que incluía un cuadro con la situación de los presos de ETA. La intención del lehendakari era empujar una vez más al presidente a tomar decisiones que flexibilicen la política penitenciaria y explorar la posibilidad de diseñar un plan prolongado en el tiempo –y, por lo tanto, con un coste político más controlado–, pero que incluyese el acercamiento de los reclusos a las cárceles del País Vasco y la salida escalonada de una parte relevante.
Con una aplicación receptiva de la ley, apenas unos 150 presos (de 623) tendrían verdaderos problemas para salir a corto o medio plazo. Otros 450 podrían hacerlo en distintas condiciones.
El encuentro entre Urkullu y Rajoy tuvo lugar la pasada primavera, en el mes de abril, y no tuvo cobertura mediática.
El esquema presentado por el Gobierno vasco dividía a los presos en varias categorías de elaboración propia. Así, contabilizaba a los presos reinsertados (una veintena); a aquellos que se encuentran en una situación de prisión atenuada y utilizan una pulsera telemática para su control (una decena); a los presos que entonces estaban sujetos a la doctrina Parot (71, según las cuentas realizadas entonces por los nacionalistas); a los presos con las tres cuartas partes de la condena cumplidas (alrededor de 120); a los preventivos (49); a aquellos pendientes de sumarios por su pertenencia a formaciones ilegalizadas como Batasuna, Segi o Askatasuna (una treintena); a los reclusos con condenas «sin delitos de sangre», es decir, que no han ocasionado muertos o heridos (172), y finalmente, a los etarras en prisión con condenas abultadas y delitos de sangre (143, con más de 70 reclusos con menos de una década en prisión).
En total, la lista del lehendakari contabilizaba 623 etarras presos en 49 centros penitenciarios españoles y 28 cárceles francesas –hay otros no incluidos que se encuentran en prisiones inglesas (dos), en Irlanda, Lisboa o Caracas (uno respectivamente)–. Y su elaboración dejaba constancia de un dato: quienes quedaban en una situación verdaderamente complicada son entre 100 y 150 reclusos que, habiendo cometido delitos de sangre, fueron juzgados con la modificación del Código Penal de 2003, que contempla penas de 40 años (o que, a pesar de haber sido juzgados con el más benévolo Código de 1973, se vieron afectados por la reforma de 1995 que imposibilitaba la redención de condena). Así como aquellos que están cumpliendo prisión en Francia y que, si tienen causas pendientes en España, quedarían «con el contador a cero» –es decir, pendientes de ser juzgados de nuevo– tras ser entregados a nuestro país.
A criterio de los nacionalistas, el resto de los reclusos de la organización estaría en unas circunstancias muchísimo más dúctiles y podrían encontrarse fórmulas legales para que el cumplimiento de las condenas se produjese, pero de un modo más atenuado (con permisos frecuentes de salida, con terceros grados, con la aplicación del 100.2…).
No era la primera vez que Iñigo Urkullu, bien como presidente del PNV, bien como lehendakari, hablaba con Rajoy de la necesidad de «flexibilizar» la política penitenciaria para conseguir la pacificación del País Vasco. Pero sí era la primera vez que concretaba la situación en cifras. El presidente del Gobierno no le respondió entonces ni lo hizo el 15 de julio, cuando se volvió a reunir con el lehendakari–de nuevo sin cobertura mediática–, ni tampoco lo ha hecho con posterioridad.
Desde la primavera hasta ahora, el hecho más relevante ocurrido con respecto a este asunto ha sido, sin duda, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo anulando la doctrina Parot, que ha provocado la excarcelación ya de unos 40 presos y que, al final, podría dejar en la calle al menos a los 71 etarras calculados por el Ejecutivo vasco.
Lo que ocurra con el resto a partir de ahora puede tener mucho que ver con ciertos pasos que deberían dar los propios presos y, también, de la voluntad política, es decir, del modo en que se interpreten esos pasos y de lo lejos que se quiera llegar.
Resuelta la situación de los reclusos sujetos a la doctrina Parot, los siguientes sectores que aspirarían a salir de prisión son los incluidos en sumarios por organizaciones ilegalizadas (los nacionalistas siempre se opusieron a la Ley de Partidos) y aquellos que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena.
Desde que ETA anunciase el «cese definitivo de las acciones armadas», la izquierda abertzale ha estado maniobrando para encontrar una salida a un sector para el que había creado enormes e inmediatas expectativas de salida. Ha creado foros (como el Foro social para impulsar el Proceso de Paz) y ha mantenido encuentros en los que ha participado el PNV –con cuyos representantes ha alcanzado acuerdos de mínimos–, y en los que están sobre la mesa, de algún modo relacionados o vinculados, tanto el desarme de la organización como la política penitenciaria.
En marzo, dicho Foro Social hizo públicas unas recomendaciones en las que pedía un consenso integral para la cuestión de las personas presas y huidas, exigía el fin de la dispersión, solicitaba una justicia de carácter transicional y buscaba una solución por medio de cauces legales, individualizada, escalonada y en tiempo prudencial.
A los presos se les pedía que mostraran su «compromiso en el nuevo escenario de paz», que renunciaran a las vías violentas y que reconocieran «el daño causado como consecuencia de su actuación».
ETA lleva pensándose su respuesta meses. Como publicó este periódico, en junio la banda elaboró un plan para satisfacer el requerimiento del Foro. Acordó que, a partir de diciembre, los presos enviarán peticiones individuales a la dirección de Instituciones Penitenciarias, en las que reconocerán que «sus actividades políticas han generado daños» (aunque no sólo daños) y que el suyo es «un compromiso con el nuevo escenario». Sin arrepentirse de nada.
Está por ver si finalmente ejecuta un planteamiento, que sería legalmente insuficiente –porque la ley exige la colaboración activa con las autoridades, por ejemplo, o una declaración de repudio expreso a sus actividades–, pero que le permitiría tomar, una vez más, la iniciativa de la reivindicación política. La izquierda abertzale es consciente de que el Gobierno en estos momentos no tiene ninguna intención de moverse, pero confía en que una declaración de los etarras en ese sentido concite el respaldo de la mayoría de los partidos del arco parlamentario (excepto el PP y UPyD), y también del lehendakari.
EL MUNDO 25/11/13