EL MUNDO 17/09/14
· Se distancia de Mas, aparca el derecho a decidir y exige transferencias menores
El lehendakari, Iñigo Urkullu, apuesta por jugar a la mano tendida y al diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy en su camino hacia un «nuevo estatus político» para el País Vasco en España y para encauzar otras cuestiones perentorias, como la gestión del final de ETA o las inversiones pendientes en el AVE y en otras infraestructuras. Lo demostró con una reunión, una comida de tres horas celebrada sin previo aviso el pasado lunes en La Moncloa, de la que, sin embargo, se volvió con las manos vacías. Urkullu sólo arrancó a Rajoy el compromiso de que analizará la lista de propuestas presentadas y que ofrecerá una respuesta escrita en las próximas semanas.
En contraste con el desafío rupturista de Artur Mas en Cataluña, el lehendakari presentó al presidente una hoja de ruta en la que huye de los maximalismos y no menciona el derecho a decidir, sino el pleno desarrollo del Estatuto de Gernika y un acuerdo en torno a los 1.000 millones del Cupo en litigio, una cantidad equivalente al 10% del presupuesto vasco y vital para las arcas autonómicas. Desde el entorno del lehendakari hablan de «voluntad absoluta de entendimiento», aunque también denuncian la total falta de «avances significativos» por parte del PP respecto al País Vasco y reclaman una «ciaboga» a Rajoy si, como le gusta advertir a Urkullu, no quiere que al «problema» catalán se le sume otro frente territorial vasco.
El encuentro fue el cuarto entre ambos mandatarios desde la designación de Urkullu como presidente vasco en diciembre de 2012. Había sido largamente demandado por parte del Gobierno vasco, hasta el punto de que el lehendakari plasmó sus anhelos en una carta enviada a Madrid el pasado 18 de julio. En un movimiento que no parece casual, con Cataluña al borde de la ruptura tras una tercera Diada multitudinaria y con el referéndum de Escocia a horas vista,
Rajoy invitó a Urkullu el pasado viernes por la noche a una reunión urgente que el lehendakari no dudó en aceptar, a pesar de comprender que ayuda a mostrar una imagen dialogante del presidente en un momento delicado.
Para Urkullu es prioritario alcanzar un acuerdo de mínimos «antes del 31 de diciembre», una fecha que tiene su razón de ser en que es el límite para aprobar el último presupuesto de la legislatura del PP, su última oportunidad para plasmar propuestas políticas. De aquí a esa fecha, el Gobierno vasco entiende que se deben resolver cuestiones «de contenido económico», como las inversiones en el AVE en Vizcaya y Álava –unas obras que siguen acumulando retrasos– o la ampliación del horario operativo del aeropuerto de Foronda en la capital vasca.
El PNV sostiene que puede haber también un pequeño guiño en materia de autogobierno y, sin renunciar a las competencias de Prisiones o Seguridad Social, o incluso a la superación del actual marco, parece conforme con que en los próximos meses el PP acepte incrementar los poderes autonómicos en pequeñas cuestiones sectoriales, como las autopistas de peaje, algunas líneas de ferrocarril y el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial). La resolución del litigio del Cupo, que a modo de bola de nieve se arrastra desde 2008, sí parece más complicada, más cuando el Ministerio de Hacienda ha patrocinado un informe que ve insolidario el Concierto Económico y pide revisar al alza la aportación vasca.
Hay una segunda parte de las exigencias de Urkullu: las vinculadas con la gestión de ETA, que no tendrían esa limitación temporal. Pero los nacionalistas exigen también pasos inmediatos, dado que el mes que viene se cumplirán tres años del cese definitivo de la actividad armada. «Es tiempo suficiente para constatar que el proceso es irreversible» y para que Rajoy mueva ficha, opinó el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka. El lehendakari insistió ante el presidente en que es necesario un gesto hacia los presos de ETA y en que es imprescindible poner en marcha cuanto antes el Memorial de Víctimas proyectado en Vitoria.