EL CORREO 21/01/14
· El Gobierno vasco les hizo llegar en octubre una propuesta en la que ya se pedía que los presos aceptaran la ley penitenciaria para ser excarcelados.
· Lakua, en coordinación con Jonan Fernández, ha enviado sus propuestas a Rajoy y los verificadores.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantenido en los últimos meses «varias» reuniones discretas con líderes de Sortu para que exijan a ETA que protagonice cuanto antes un proceso «ordenado» de desarme. El Gobierno vasco, a través del propio jefe del Ejecutivo y del secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha hecho llegar a los dirigentes de la izquierda abertzale un documento de dos folios en los que se recogen los pasos que, en opinión del Gabinete del PNV, deben darse para dar por finalizada la etapa de la violencia terrorista. El texto, encabezado con el título ‘Un esquema para una hoja de ruta’, se le entregó a la antigua Batasuna en octubre y consta de cuatro puntos o «principios», según pudo constatar ayer este periódico de fuentes de Lakua. Los representantes de Sortu no han hecho llegar ninguna respuesta concreta a Urkullu a pesar de que desde entonces se han reunido varias veces ambas partes. No obstante, alguna de las medidas propuestas sí que se ha materializado ya. Los detalles de esos encuentros entre el lehendakari y el secretario de Paz y Convivencia con Sortu se mantienen en el mayor de los secretos.
El documento aborda en primer lugar la necesidad de que la izquierda abertzale efectúe un reconocimiento explícito del «daño causado injustamente» por ETA, más allá del pronunciamiento que Sortu como partido efectuó en el Kursaal de San Sebastián en febrero de 2012. Entonces, en una declaración leída por la ahora parlamentaria Maribi Ugarteburu, la formación independentista lamentaba la «imagen de insensibilidad» que durante décadas transmitió a las víctimas «frente al dolor causado por las acciones de ETA».
La ‘hoja de ruta’ que traza el Gobierno autónomo insta, en segundo lugar, a que la izquierda abertzale convenza a ETA de que debe poner en marcha cuanto antes un proceso de desarme «ordenado», que podría llevarse a cabo ante agentes internacionales. Como ya avanzó este periódico, la Comisión Internacional de Verificación (CIV) que dirige Ram Manikkalingam decidió en septiembre –fecha en la que expiraba el ultimátum que había dado a la banda terrorista para que avanzara en la entrega de armas– continuar con su labor de interlocución ante la cúpula etarra al considerar que podía ser útil en el proceso de desmantelación de la organización armada. En las últimas semanas, los partidos vascos han alentado con sus declaraciones la posibilidad de que ETA realice un gesto vinculado a su desarme. Fuentes cercanas a la izquierda abertzale hablan incluso de que la organización lanzará un comunicado anunciando que está dispuesta a planificar la entrega de sus arsenales y a abrir un proceso de debate con «diferentes agentes». La sensación de que hay movimientos en este sentido se ha visto reforzada por el anuncio de que Brian Currin, abogado sudafricano que encabeza el Grupo Internacional de Contacto (GIC) tiene previsto volver a Euskadi antes de que acabe el mes.
El desarme y el reconocimiento del daño «injusto» causado por ETA son dos de los cuatro puntos de la propuesta lanzada por el Gobierno vasco a Sortu que no estarían satisfechos aún. El Ejecutivo autónomo cree que la izquierda abertzale sí ha asumido otras dos de sus recomendaciones. Una de ellas es la necesidad de que los presos aceptaran la política penitenciaria y las leyes españolas para favorecer un proceso escalonado de acercamiento a prisiones de Euskadi, primero, y su paulatina excarcelación. Un paso que, entiende el Gabinete de Urkullu, se habría logrado con la declaración que el colectivo oficial de reclusos, el EPPK, dio a conocer el 28 de diciembre.
Recelos abertzales
El Gabinete de Urkullu también cree que Sortu ha hecho suyo el cuarto punto del documento que transmitieron a los dirigentes de la izquierda abertzale y en el que se habla de que la «normalización de la convivencia» en Euskadi sólo será posible con la participación de las «cuatro grandes tradiciones políticas vascas», en referencia a jeltzales, independentistas, PSE y PP. Una tesis que la izquierda abertzale abandera desde que en 2009 apostara por las vías exclusivamente políticas.
El lehendakari ha insistido desde su llegada a Ajuria Enea en que pretendía ser un «activo» importante en el final de ETA. El jefe del Ejecutivo ha llegado a ofrecer los servicios de la Ertzaintza y del Parlamento vasco para facilitar el desarme de la banda, una vez atestiguado que el Gobierno de Mariano Rajoy no pretende abrir ninguna vía de contacto con la organización terrorista para gestionar su final. Unas proposiciones del dirigente del PNV que han levantado ciertos recelos en Sortu, ya que sus dirigentes temen que Urkullu sólo pretenda anotarse el ‘tanto’ de haber certificado el punto y final de la violencia.
Representantes del Gobierno autónomo han trasladado en los últimos meses diferentes propuestas para agilizar el actual proceso de paz. Fuentes del Ejecutivo reconocían ayer a este periódico que, del mismo modo que el Gabinete jeltzale ha trasladado a la izquierda abertzale su visión de los pasos que hay que dar, también se han remitido documentos similares a Rajoy, a los verificadores, a los representantes del ‘foro social’ –las jornadas con expertos internacionales que organizaron en marzo pasado las asociaciones Lokarri y Bake bidea– y al Grupo Internacional de Contacto de Currin. Cada texto ofrecía recomendaciones diferentes de lo que se podía hacer para mejorar la situación política de Euskadi.
Las fuentes consultadas precisan, en este sentido, que la propuesta remitida a La Moncloa consta de 15 folios, en los que, entre otros aspectos, se aborda la necesidad de que el PP ponga en marcha una política penitenciaria distinta, «acorde» con los tiempos actuales tras el «cese definitivo» de ETA. Un documento que tampoco ha recibido contestación por parte del Gabinete del PP y sobre el que Urkullu espera hablar con el presidente del Ejecutivo español en la reunión que el lehendakari le ha solicitado. Portavoces oficiales de la Lehendakaritza reconocieron ayer que no hay aún fecha para esa cita pendiente, aunque desean que se pueda llevar a cabo en un corto plazo de tiempo. Confían, incluso, en la posibilidad de que ambos mandatarios pudieran llevar a cabo ese encuentro en la visita que Rajoy tiene previsto realizar al País Vasco en las próximas semanas a petición de los populares de Euskadi y con el objetivo de reforzar el papel de este partido en el final del terrorismo.
EL CORREO 21/01/14