El problema es que a partir de una bajada del 20% de la recaudación en el primer semestre de 2020, y de la desconcertante sucesión de nuevos brotes epidémicos en julio y agosto, las administraciones públicas no pueden comprometer un euro más que la parte del Presupuesto ya hipotecado -los costes de su propio funcionamiento-. Y tampoco cuentan con margen para reordenar de manera significativa los recursos materiales y humanos disponibles. La pandemia ha puesto en su sitio la presunción de que aquí hacemos las cosas mejor que en otras partes. La incidencia sostenida de esta segunda ola de la Covid-19 en Euskadi resulta tan inexplicable que invita a un máximo de humildad colectiva e institucional, sin jactancia alguna.

Dos límites añadidos para Urkullu y Mendia. Por una parte, aunque el titular se lo lleven los votos del PNV que necesita Sánchez, Euskadi depende más que nunca de la estabilidad política en el conjunto de España. Y del lugar que las necesidades españolas ocupen entre las preocupaciones del conjunto de la Unión. Con un Gobierno central sin mayoría, hasta un desaire por parte de Iglesias a cuenta de no se sabe qué podría acabar perjudicando a la foralidad. Además, el funambulismo al que tantas veces recurre Pedro Sánchez amenazará inevitablemente con tensar la relación entre el lehendakari y la vicelehendakari. Por la otra, a diferencia de lo que ocurrió durante la primera ola de la Covid-19, esta vez la contestación política y social ante la gestión pública no estará confinada. El acuerdo entre el PNV y el PSE sugiere que se instaurará un gobierno sin oposición ni contrapesos. Pero la legislatura se verá tan constreñida financieramente que la coalición entre nacionalistas y socialistas haría mal en empequeñecerse en la autosuficiencia, rehuyendo acuerdos parlamentarios o el encuentro con la sociedad organizada.