Leo con interés y en general con plena coincidencia las opiniones que mi admirado amigo Juan Luis Ibarra dedica a lo que pudiéramos denominar «la polémica de los indultos». Sólo hay un punto en el que me da la impresión de que Juan Luis (como por otra parte hizo el Gobierno en su informe justificativo) omite el necesario comentario y análisis de un hecho significativo concurrente en estos concretos indultos. Y es el de que los indultados forman parte de un partido o partidos políticos que todavía hoy mantienen con sus votos al Gobierno que concede tales indultos, de manera que esos votos son incluso necesarios para formar la mayoría parlamentaria que opina sobre ellos.

Asiste plena razón al Gobierno y a Juan Luis Ibarra cuando afirman que el indulto es un acto esencialmente político, no administrativo, y que para su fundamentación suficiente basta con que exprese su motivación y que ésta sea de las legalmente fijadas. En este caso, esa motivación es la «utilidad pública», un concepto jurídico abierto, indeterminado y de naturaleza esencialmente política, que el Gobierno afirma y explica con profusión de predicciones de futuro. Podrá no estarse de acuerdo con el fondo de la motivación y defender la contraria (es decir, la inutilidad pública de los indultos para encauzar un problema como el catalán), pero eso no afecta a la suficiencia de la fundamentación. Al Gobierno no se le exige que acierte de cara al futuro sino sólo que explique las razones que le mueven «para disipar cualquier duda y cualquier atisbo de arbitrariedad (…) pues (…) es la motivación la que hace posible distinguir entre la discrecionalidad y la arbitrariedad» (del informe referente a Junqueras).

Pues bien, aquí es donde el jurista encuentra en el texto del informe un déficit de explicación. En el hecho de no mencionar que, en el plano político, concurre una motivación poderosa para conceder los indultos y que esta motivación es una circunstancia que sólo puede considerarse como de «utilidad privada» o «particular» del Gobierno. Como concepto y como realidad, el interés particular del concreto Gobierno en mantenerse no guarda relación con la utilidad pública para el Estado y la sociedad. Más bien la enturbia. Si un gobierno otorgase un indulto por la exigencia y amenaza de un partido que puede derribarle en la Cámara, ¿consideraríamos creíble y suficiente que apelase para motivarlo al interés público? ¿El interés público incluye el que un determinado gobierno siga en el poder? ¿O eso es un interés «privado», políticamente hablando?

En este sentido, y sólo en éste, la motivación de la gracia hecha por el actual Gobierno resulta un tanto arbitraria: no por lo que dice sino por lo que calla. No por lo que explica sino por lo que esconde. El mismo listón que el Gobierno se pone (el de «disipar cualquier duda y cualquier atisbo de arbitrariedad» al motivar la concesión de la gracia) se ha incumplido clamorosamente.