Que se produzca un choque de trenes en una sesión de control parlamentario al Gobierno suele ser saludable en democracia cuando los contrastes son limpios y el juego dialéctico no va más allá de un pulso entre el Gobierno y la oposición. Pero cuando el respeto a la ley se usa como arma arrojadiza entre sus señorías, hay que preocuparse. En el Congreso, hay diputados que enarbolan la bandera de la libertad de expresión oponiéndose al encarcelamiento del ‘rapero’ Hasél sin tener en cuenta que, más allá de sus letras ofensivas y constitutivas de delito, tiene cuatro condenas acumuladas que poco tienen que ver con la literatura y la poesía cantada. Hay quienes sostienen que se debe despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, por ejemplo, porque están pasados de moda. Son los mismos que piden un referéndum «pacífico» sobre la autodeterminación en Cataluña pero que les parece bien que zurren a los afiliados de Vox cuando van por la calle. Hacen falta vacunas en este país, desde luego. Pero, junto a las del Covid, se necesitan inyecciones contra tanto odio desatado estos años.

Pero estas «anomalías democráticas» no se detectan desde La Moncloa. Un vicepresidente está sembrando sospechas sobre la imagen del país y el presidente de Gobierno enfoca tan grave problema justificándolo con la existencia de la extrema derecha. La oposición pedía ayer a Pedro Sánchez que cesara al vicepresidente. Por ser tóxico y desestabilizador. Y el presidente les respondió con el «populismo reaccionario de la ultraderecha». Ya se puede rasgar las vestiduras la oposición por los dardos que se están lanzando contra la imagen democrática del país desde el ala oeste de La Moncloa. Que Sánchez, en lugar de explicarle a Iglesias que España es una de las 23 democracias plenas del mundo, se lo cuenta a la oposición.

La duda razonable persiste: ¿le conviene a Sánchez «dejar hacer» a su vicepresidente? Pedro y Pablo se necesitan. A pesar de su ‘guerra fría’ siguen con el ‘contrato’ blindado. El presidente quiere retomar la negociación con Casado y le llamó para seguir hablando sobre la renovación del Poder Judicial. Ya sabe que una de las condiciones del PP es que Podemos no figure en el acuerdo. Ahí seguirá el pulso.

La recomendación de Sánchez a Casado de que elija el camino de la moderación, él que cohabita con Iglesias, no parece muy coherente. Le asisten razones al presidente para soltar lastre y liberarse de compañías tan cuestionadas para la política doméstica y tan poco presentables para Europa. Seguimos en plena pandemia y a Iglesias le obsesiona poder controlar a los medios de comunicación. Ayer se lamentó en el Congreso. Sin disimulos. Lo suyo es hacer señalamientos. Con nombres y apellidos. Cuando no ve series, se dedica a hacer un seguimiento de la frecuencia con que sale la palabra Venezuela en las informaciones relacionadas con Podemos. Esto no puede ser normal. Ni democrático. Se llama censura.