aquí se aplican dos varas de medir, una para los nacionalistas y otra para la gente normal
Produce cierto asombro leer que el portavoz del Gobierno vasco ha reprochado al pre- sidente del Tribunal Constitucional el «no respetar la Cons- titución». Semejante crítica procedente de un di- rigente de una formación política que no hace otra cosa desde que se aprobó nuestra ley de leyes que intentar por todos los medios dinamitarla, llegando incluso con tal propósito a aliarse con una banda de asesinos, indica una vez más que los nacionalistas son maestros consumados del cinismo. De hecho, siempre que alguien investido de responsabilidades institucionales de cierta importancia se atreve a expresar puntos de vista o a exponer argumentos contrarios al nacionalismo, se de-sencadena sobre el osado opinante una tormenta de descalificaciones y denuestos de grueso calibre. Pero lo curioso no es que estas oleadas de indignados improperios procedan de las cúpulas de las organizaciones secesionistas, cosa que sin duda es natural, sino el encogimiento de muchas figuras públicas que, compartiendo la oposición a las pretensiones divisivas del PNV, de CiU o del BNG, se apresuran a sumirse en el silencio, a emitir declaraciones ambiguas o incluso a distanciarse explícitamente del atacado.
Resulta asombrosa la abdicación de los propios principios exhibida por tantos responsables políticos en cuanto los cañones dialécticos del nacionalismo se ponen a tronar. La ciudadanía queda desconcertada por esta clara vulneración de la regla de la reciprocidad democrática, en virtud de la cual todos tenemos el mismo derecho a manifestar libremente nuestras posiciones ante asuntos objeto de controversia. Desde la transición se ha instalado en nuestra sociedad una irritante anomalía que consiste en que los nacionalistas tienen patente de corso para exhibir un discurso totalmente contrario al ordenamiento vigente y a las bases jurídicas de nuestra convivencia, llegando en sus sucesivas escaladas verbales a la ruptura sin ambages con los mismos fundamentos de la Carta Magna de 1978, mientras que cualquiera que les salga al paso y ponga de manifiesto sus falsedades y sus excesos es inmediatamente objeto de reconvenciones atemorizadas cuando no de anatemas aniquiladores. Al igual que en aquellas Comunidades donde gobiernan imponen por la vía legislativa o ejecutiva su particular y parcial visión de la identidad colectiva, tampoco permiten que en el conjunto de España nadie les levante la voz porque se consideran poseedores del monopolio de la protesta contra lo que perciben como contrario a sus deseos y aspiraciones.
El profesor Jiménez de Parga ha dicho en el Forum Europa lo que piensa una gran mayoría de españoles, incluyendo a bastantes de los que se han apresurado a desmarcarse de sus sensatas afirmaciones, pero dado que aquí se aplican dos varas de medir, una para los nacionalistas y otra para la gente normal, se la ha cargado con todo el equipo. Olé sus… surtidores.
Aleix Vidal-Quadras