EL CORREO 27/01/14
MAITE PAGAZAURTUNDÚA RUIZ
Andoni Unzalu, como hombre dotado de gran agudeza intelectual, hacía referencia en este medio a que el fenómeno terrorista de ETA es un problema de la sociedad vasca, no un problema privado entre los asesinos y las víctimas, y que –aunque se tiende a pensar lo contrario– son los presos los que más necesitan reconocer su pasado de locura. Podría añadirse incluso que esto les interesa tanto a los que lo necesitan para acogerse a los generosos programas de reinserción como a los que han cumplido condena.
Se podría matizar la cuestión de que no se puede calificar exactamente como locura el sectarismo extremo que ha llevado a matar y a seguir buscando el dominio de los demás por no compartir las ideas de los nacionalistas vascos. Unzalu consideraba además que la culpa criminal del terrorismo se soluciona por la ley y el sistema judicial.
Le preocupaba muy especialmente el proceso de ocultamiento de la culpa política activa, entendida como el soporte intelectual, apoyo social y amparo al terrorismo. Aunque no lo desarrollaba en su artículo, citaba la existencia de la culpa pasiva, ésa que podríamos convenir como la indiferencia o tolerancia a la persecución y huida de miles de personas. Unzalu señalaba directamente a la responsabilidad de los terroristas de salón que alentaron a otros al delito, mientras ellos aprovechaban el ambiente para acceder a puestos en la EiTB, en la Universidad, en el poder político…
Su aportación es muy importante, pero podría añadirse que la perversión de hacer desaparecer la cuestión de la culpa política está ligada a la gigantesca operación de buscar la impunidad sobre tantos delitos juzgados o no. Veamos. El Plan del lehendakari no se soporta sobre los anclajes que señala Unzalu. La cuestión de la responsabilidad se ha desvanecido para comodidad del entorno de ETA y del suyo propio, pero sobre todo, para dibujar las piezas de un falso escenario de conflicto armado, no de terrorismo local.
De esta manera hace posible lo que el mundo de ETA y él mismo desea: el encaje de una supuesta ‘normalización’ y de un ‘proceso de paz y reconciliación’, utilizando torticeramente los principios del Derecho Humanitario Internacional, que acoja ‘terceros verificadores’ y sobre todo, actuaciones ‘contra legem’, saltando por encima de la responsabilidad criminal, esto es, buscando la impunidad sobre la aplicación de la justicia, entendida como investigación, enjuiciamiento y cumplimiento de una pena proporcional. El plan es un terrible y cruel truco.
El interés común de los nacionalistas ha producido un nuevo artefacto sofisticado de manipulación colectiva. Ver o no ver, una vez más, nuestro reto.