La tregua de 2006 se hizo con un preacuerdo por el que el Gobierno se comprometía a evitar las detenciones. Ahora, a falta de ese compromiso, ETA busca el mismo objetivo mediante la intervención de una comisión «informal», dispuesta a contraponer la tregua de la banda con las actuaciones policiales.
ETA, con su anuncio de tregua efectuado el pasado 10 de enero, tenía el propósito de conseguir cuatro objetivos principales. El primero, facilitar a Batasuna margen de maniobra para intentar la legalización de unas nuevas siglas. El segundo, restablecer el entendimiento con los dirigentes de la propia Batasuna, que se había deteriorado durante el año anterior. En tercer lugar, la banda terrorista buscaba propiciar la intervención de Brian Currin y su grupo de manera que dirigieran su presión hacia el Gobierno. Por último, la tregua pretendía poner en marcha un nuevo proceso de negociación como el del año 2006, contando con el impulso que pudiera dar el grupo de Currin, ya que ETA no tenía ninguna garantía previa, a diferencia de lo que ocurrió hace seis años.
Brian Currin, por su parte, concebía la intervención del grupo de contacto creado por él mismo con tres objetivos principales: promover una mesa de partidos para desarrollar una negociación política; verificar la tregua de ETA; y presionar para la legalización de la izquierda abertzale. A los dos primeros tuvo que ponerles sordina nada más crear el grupo por el rechazo encontrado. La mesa de partidos fue cuestionada por socialistas, populares y el PNV y la verificación es materialmente imposible si no cuenta con el apoyo del Gobierno, apoyo que ha sido expresamente negado tanto por el Ejecutivo central como por el vasco.
El bautizado como Grupo Internacional de Contacto quedó descafeinado desde el minuto cero, aunque ahora su promotor trata de recuperar protagonismo anunciando nuevas reuniones y la vuelta al País Vasco en el mes de abril.
Con su último comunicado, ETA ha querido dar un nuevo impulso a la presencia internacional a través del grupo de Currin, presencia que le permitiría decir que ha conseguido alguno de los objetivos de la tregua. Reclama la banda una verificación «informal», expresión que cabe interpretar como una verificación al margen del Gobierno. ETA quiere esa presencia internacional, no tanto para que le emita a la banda un certificado de buena conducta, como para que sirva de elemento de presión hacia el Gobierno y contribuya a limitar las actuaciones policiales.
La tregua de 2006 se hizo con un preacuerdo por el que el Gobierno se comprometía a evitar las detenciones. Ahora, a falta de ese compromiso, la banda busca conseguir el mismo objetivo mediante la intervención de una comisión «informal», carente de capacidad real para verificar lo que hace ETA en secreto, pero dispuesta a contraponer la tregua de la banda con las actuaciones policiales de España y Francia. El interés de ETA por activar la presencia internacional coincide con el de Currin, necesitado de dar algún sentido a su lánguido grupo de «facilitadores».
Florencio Domínguez, EL CORREO, 29/3/2011