Si este fin de semana, o durante el puente de diciembre, tiene usted problemas para viajar en tren –de corta, media o larga distancia– porque su trayecto se ha cancelado, no le eche por una vez la culpa a Renfe ni a los sindicatos. Agradézcale el ‘favor’ a Sánchez y a Puigdemont, que han incluido la transferencia de la red catalana de cercanías en el pacto contra el que se convoca el paro. Hasta esas centrales habitualmente tan sumisas a la izquierda demuestran un concepto más claro que el del presidente sobre la cohesión estructural del Estado, un asunto en el que los transportes tienen un valor estratégico, primordial, neurálgico. Es evidente que la protesta obedece a motivos de seguridad laboral, de estabilidad en el trabajo, pero también a la conciencia de que la cesión supone una ruptura inaceptable del carácter nacional del servicio ferroviario, cuya unidad sufre una grave amputación para satisfacer un capricho político injustificado. Los convocantes de la huelga no hacen otra cosa que respaldar las consignas difundidas por el Gobierno hasta este mismo verano: que la infraestructura no es troceable porque incluye vías de comunicación con Europa y que su traspaso, además de inconstitucional y desigualitario, representa un agravio para el resto de los ciudadanos. Es decir, más o menos lo mismo que el sanchismo sostenía –como sobre la amnistía o la soberanía fiscal– antes del escrutinio electoral de julio pasado.

Así lo afirmaba con contundente solemnidad la recién relevada ministra del ramo, catalana por cierto. Al menos la destitución le librará del ridículo de volver del revés sus propios argumentos, como hacen sin rubor otros compañeros que han conservado el puesto. Esa Iratxe García, por ejemplo, obligada a envainarse sus denuestos contra Puigdemont –sedicioso, prófugo, corrupto, etcétera– para defender su impunidad en el Europarlamento. O esa María Jesús Montero, tan firme en la negativa a entregar los impuestos como entusiasta en su flamante disposición a cederlos. O esos Robles y Marlasca, jueces de carrera para quienes la amnistía era una aberración democrática convertida por arte de magia en instrumento imprescindible de la convivencia en España. Gente fiable, personas de principios y de palabra, conciencias imperturbables ante las circunstancias, no como esa derecha oportunista empeñada en devolver al país a una etapa de involución cavernaria. A los sindicatos se les puede perdonar la desconfianza porque son ‘progresistas’ y acabarán comprendiendo la necesidad del bandazo en cuanto saquen alguna tajada. Otra cosa será convencer a los jienenses, a los asturianos o a los extremeños, que deberán sufragar el regalo de las Rodalies mientras sus trenes –si existen– llegan con retrasos eternos. Pero con un poco de tiempo, paciencia y espíritu abierto también entenderán lo mucho y bueno que el Gobierno hace por ellos.