EL MUNDO – 13/02/16
· Su malestar es enorme. Lo han trasladado por activa y por pasiva y han protestado en público, porque no entienden la actitud de la Audiencia Nacional en el caso del terrorista Aitor Elizarán.
Por ello, los padres de los dos últimos guardias civiles asesinados por ETA se han sentado en una mesa con el presidente de la Audiencia Nacional y le han expresado su enfado, que les ha llevado incluso a recusar a la juez Carmen Lamela, instructora del procedimiento sobre el ex dirigente etarra, tras su decisión de dejarle en libertad.
Los padres de Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada se han reunido con José Ramón Ramón. Al finalizar el encuentro fue el padre de Salvà quien explicó que le habían traslado su queja por la liberación del ex dirigente de ETA el pasado 15 de enero. Los dos padres plantearon la recusación de la juez Lamela –que instruye la causa contra Elizarán y otros cuatro dirigentes etarras por delitos de lesa humanidad–, después de que dejara libre al terrorista –que estaba en busca y captura– tras presentarse éste voluntariamente en el juzgado, sin siquiera celebrar la vistilla en la que las acusaciones habrían podido pronunciarse sobre la situación del procesado.
Según indicó Salvà, el presidente de la Audiencia Nacional tomó nota de sus quejas, aunque les explicó que él no tiene ninguna autoridad jerárquica sobre los jueces del tribunal. «Me parece una situación kafkiana, ¿cómo puede ser que en un país que todavía se llama España pueda suceder esto? Por eso he venido aquí. Ese señor [Elizarán] sabe quiénes asesinaron a Carlos y Diego, ese señor tendría que estar en la cárcel y está fuera, me parece, no una vergüenza, mucho más», dijo, informa Efe.
Los padres piden que se investiguen los posibles indicios contra el etarra y se celebre un juicio, teniendo en cuenta que Elizarán fue «número uno de ETA» y, tras cuatro años de prisión en Francia, ya está en libertad. Los padres de los guardias civiles estuvieron acompañados por el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.
Elizarán está en libertad tras haber recurrido su procesamiento por delitos de lesa humanidad al entender que no existían indicios incriminatorios. A este recurso se sumó la Fiscalía, arropando los argumentos del ex dirigente etarra.