La pareja que formaban Berlanga y Azcona dio con una historia que pudo ser más y no llegó por culpa de la censura: Los jueves, milagro. Desaparecido Saza hace tres años, la gran españolada tiene hechuras catalanas. Llevaba Roger Torrent camino de protagonizar una de Berlanga con un remake que prometía: Los viernes, investidura. O los martes, si se trataba de Puigdemont, los lunes para la primera intentona de Jordi Sànchez y los jueves para Jordi Turull.

Mira que lo tenía avisado el juez Llarena: Puchi no podía ser por prófugo, Sànchez por preso. Turull por idéntica razón, aunque en su caso fue sobrevenida, porque el juez instructor del Supremo acordó su ingreso en prisión el día siguiente del fracaso de su investidura y en vísperas de su segundo fiasco. Torrent, que no parece hombre de muchas luces, aceptó como buena la versión de los golpistas sobre una supuesta resolución del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, favorable a Sànchez en su denuncia contra España por haber vulnerado sus derechos políticos. A falta de buscar en las fuentes, toda la maquinaria de intoxicación del separatismo ha adoptado como versión canónica de los hechos que «el Comité de la ONU había resuelto por vía de urgencia que España ha vulnerado y sigue vulnerando los derechos políticos de Sànchez».

La ONU no ha resuelto tal cosa y mucho menos por vía de urgencia. La reclamación ni siquiera ha sido admitida todavía. El Comité la ha registrado y comienza la fase de admisibilidad. La solicitud de medidas de sus representantes para que pueda ejercer sus derechos políticos no tiene razón de ser, como lo demuestra el hecho de que, estando en prisión desde el pasado 16 de octubre pudo concurrir a las elecciones del 21-D.

El pobre Torrent se ha visto obligado a suspender su cuarta investidura y ha convocado en su lugar una Mesa extraordinaria para proponer una querella contra el instructor del Supremo por prevaricación, al denegar a Sànchez un permiso de excarcelación para su sesión de investidura. Esta cuestión ya la había dejado clara el juez hace un mes, pero el brazo tonto del Poder Legislativo es de los que se ha creído el bulo de la inexistente resolución de la ONU y creía que la mera apelación debía producir efectos milagrosos en el juez Pablo Llarena.

El juez considera, harto de razón, que existe riesgo de reiteración delictiva, que es uno de los supuestos que amparan la decisión de mantener a un presunto en prisión provisional, por lo que el presidente del Parlament ya ha cosechado su cuarto fracaso. Ya sólo le queda proponer a un candidato posible, con el horizonte penal despejado: Elsa Artadi, un suponer. O Arrimadas, que no saldría, pero está limpia y daría espectáculo. Tal vez a Puigdemont le viniera bien otra convocatoria y Cs, después de cuatro meses de balde, no tiene garantía de superar los 36 escaños. Mientras, Llarena debería llamar a Torrent para charlar.