Al fuego partidista atribuyo el espejismo de una supuesta barra libre para violadores y separatistas. Solo si ese fuego calentase el teclado del opinador se podría sostener seriamente que la España de Pedro Sánchez es la tierra prometida de delincuentes sexuales y reventadores de la integridad territorial.

Pero ese estado de opinión, creado artificialmente, se ha abierto paso tras las dos grandes reformas del Código Penal que animan los circuitos políticos y mediáticos. Una, la llamada ley del solo sí es sí, de muy reciente entrada en vigor (7 de octubre de 2022). Otra, aún en el telar parlamentario: mañana vota el pleno del Congreso la preceptiva toma en consideración de la iniciativa que aspira a cancelar la sedición.

El borrado de dicha figura delictiva responde al intercambio de favores con 13 costaleros parlamentarios de Sánchez. Y la Ley de Garantía de la Libertad Sexual es la indeseada consecuencia de poner una justa demanda social (más protección a la mujer frente a los agresores sexuales) en manos del socio doctrinario, que ha querido legislar a golpe de pancarta.

Vale. La homologación con Europa es una excusa mal traída. La apuesta por la desinflamación del conflicto catalán es la derivada virtuosa de la necesidad de conservar el poder, no la “respuesta política para superar un trauma”, como dijo ayer Sánchez en su minidebate con Feijóo en el Senado. Y de acuerdo también con que la ley Montero está reñida con el rigor técnico.

Pero todo eso no impide salir al paso de la alarma social creada por quienes sostienen temerariamente que los violadores están de enhorabuena y que a los independentistas les saldrá gratis intentar de nuevo lo que intentaron en octubre de 2017.

Está absolutamente injustificado sermonear a la opinión pública con el cuento de la excarcelación de violadores que cumplen penas de prisión. Y tampoco es cierto que se esté produciendo una masiva rebaja de penas a los delincuentes sexuales por culpa de la ley Montero. La inmensa mayoría de las conductas penalizadas según las horquillas anteriores encajan en las horquillas de la nueva ley y los tribunales las revisan “caso a caso”.

En su cruce parlamentario con el líder del PP, Núñez Feijóo, ayer en el Senado, el presidente del Gobierno no desactivó las alarmas respecto a una supuesta renuncia del Estado a su legítima defensa. Se limitó a decir en una subordinada que el Estado dispone de herramientas para frenar a los independentistas “por lo que se les pueda ocurrir en el futuro”.

Lo dijo de pasada. Su falta de contundencia nos remite a razones tácticas relacionadas con la conservación del poder. Aunque podría hacerlo en nombre de la legislación vigente, no le conviene desengañar a los eventuales reventadores del orden constitucional, que ahora celebran su apuesta por la convivencia pacífica “España y Cataluña”, como dos entidades contrapuestas y diferenciadas (¿también ha pactado el lenguaje?).

Sánchez solo habló del artículo 155 de la CE y el tipo venidero del Código Penal que sustituirá al de la sedición: “Desórdenes públicos agravados”. Pero se abstuvo de mencionar las conductas de inspiración anticonstitucional que son perseguibles con las vigentes herramientas legales, sin necesidad de reprimir el derecho a defender la independencia de Cataluña, la tercera república española o la sociedad sin clases.

La panoplia es amplia y variada: desobediencia, prevaricación, malversación, etc., y, efectivamente, también los desórdenes públicos agravados o la aplicación del 155. Sin olvidar el de la rebelión. Con castigos proporcionados a los hechos, no a las intenciones. Desde la inhabilitación o la multa a la cárcel por rebelión “violenta y pública” (artículo 472 del Código Penal).