La marea de patriotismo que ha acompañado la participación de la selección en la Copa del Mundo, protagonizada por ciudadanos de todo el país y de muy distintas sensibilidades políticas, resulta insoportable para quienes hacen de la negación de España su principal seña de identidad. Una sociedad unida en torno a un patrimonio compartido, que exhibe con naturalidad, sin complejos y sin animadversión su adhesión a la bandera y a la selección, constituye una excelente noticia para un país que durante demasiado tiempo contempló con recelo la expresión pública de sus propios símbolos. Pero esa imagen de normalidad tiene un reverso inquietante. Los incidentes registrados en el País Vasco y Navarra demuestran que sigue existiendo una violencia política dirigida contra quienes expresan con libertad su identificación con España. Las concentraciones de aficionados con camisetas y banderas nacionales en Bilbao, Vitoria, San Sebastián o Pamplona provocaron la reacción de los sectores más radicales del nacionalismo abertzale, incapaces de aceptar una manifestación cívica y pacífica de patriotismo.

Las agresiones, amenazas, coacciones y actos de sabotaje contra los seguidores de la selección merecen una condena inequívoca. El lanzamiento de objetos, el corte de cables en las pantallas instaladas para seguir el partido, los insultos y el acoso a familias enteras no son simples incidentes futbolísticos ni episodios propios de la rivalidad entre aficiones. Constituyen actos de intimidación política encaminados a expulsar del espacio público cualquier expresión de españolidad allí donde determinados grupos pretenden imponer un monopolio ideológico. Reducir estos hechos a enfrentamientos entre radicales es falsear la realidad. No había dos aficiones enfrentadas, sino ciudadanos pacíficos que ejercían su derecho a apoyar a la selección nacional y grupos organizados que trataron de impedírselo mediante la violencia y la intimidación. Ese patrón no resulta nuevo. Responde a una forma de coacción que durante décadas ha condicionado la vida pública en el País Vasco y cuya desaparición algunos dieron prematuramente por descontada.

Resulta especialmente preocupante la indulgencia con la que el Gobierno contempla estos episodios mientras mantiene sus acuerdos parlamentarios con la izquierda abertzale. La misma firmeza verbal que despliega para denunciar supuestos discursos de odio desaparece cuando las víctimas son quienes muestran una bandera española o animan a la selección nacional. Esa doble vara de medir erosiona la credibilidad institucional y transmite un mensaje de impunidad a quienes siguen considerando ilegítima la presencia pública de los símbolos comunes de todos los españoles. La democracia exige que cualquier ciudadano pueda expresar libremente su identidad nacional sin temor a ser señalado, acosado o agredido. Cuando exhibir una bandera española o vestir la camiseta de la selección continúa teniendo un coste en determinados lugares, no puede hablarse de normalidad. Negarlo por conveniencia política solo contribuye a perpetuar un problema que una democracia madura debería afrontar sin eufemismos ni cálculos partidistas.