Isabel San Sebastián-ABC

  • El líder de la oposición no puede avalar una prórroga que supone un espaldarazo al Gobierno

El jefe del Gobierno volverá a plantear este miércoles un ultimátum al Congreso: o votan sus señorías a favor de prorrogar el estado de alarma, o se multiplicarán los contagios y España se hundirá en el caos. «No hay plan B», anunció campanudo en su homilía del sábado. Pues bien, llegados a este punto de chulería aliada a la inepcia, ha llegado la hora de decir «no». No a las imposiciones unilaterales. No a la dictadura del miedo. No a la coacción que toma como rehén a toda la población española. No a las mentiras y engaños de un Ejecutivo negligente cuya desastrosa gestión empieza a oler, además, a corrupción en la compra de suministros sanitarios. No a bendecir los

torpedos liberticidas lanzados en cada decreto aprobado al amparo de esta situación excepcional. No a la catástrofe económica que se está gestando bajo la sombra ominosa de una enfermedad cuyo ataque se ha cobrado ya muchas más vidas de las reconocidas oficialmente.

Si quiere ser coherente con lo que predica y conservar el título que le otorgaron los ciudadanos en las pasadas elecciones, el líder de la oposición no puede avalar una prórroga que supone, de hecho, un espaldarazo decisivo al peor gobierno de nuestra historia reciente. Por fuertes que sean las presiones, por mucho que le supliquen algunos barones autonómicos ansiosos por cobrar esa dádiva de 16.000 millones de euros anunciada por Sánchez con la evidente intención de inclinar sus voluntades, nadie entendería que subiese nuevamente a la tribuna para lanzar desde allí una brillante diatriba contra la actuación del presidente y le regalara acto seguido un «sí» o una abstención de su grupo (en este caso son lo mismo) equivalentes a un balón de oxígeno en un momento decisivo. Por el bien de España y de su partido, Casado solo tiene una opción, que es el «no». Un «no», eso sí, acompañado de una alternativa. De ese «plan B» realmente eficiente que necesitamos con urgencia y que el tándem Sánchez-Iglesias se niega siquiera a explorar, o bien porque ambos carecen de las luces necesarias o bien, es lo más probable, porque conviene a sus intereses no solo el poder absoluto que les otorga la actual alarma, sino el clima de terror, confusión, miseria y creciente dependencia del Estado que la pandemia ha traído consigo y que sin duda persistirá cuando llegue eso que llaman la «nueva normalidad», si es que continúan aplicándose las mismas políticas social-comunistas que nos han traído hasta aquí.

Contrariamente a lo que repiten los corifeos gubernamentales, el rechazo parlamentario de la medida que busca prorrogar Sánchez no supondría privar al Ejecutivo de las herramientas necesarias para preservar la salud pública. Existen en nuestro ordenamiento jurídico leyes ordinarias más que suficientes para garantizar ese bien, así como el orden público o la protección económica de los colectivos más vulnerables. Lo que decaería automáticamente sería la patente de corso que ha permitido a los socios de La Moncloa actuar al margen de todo control, utilizándonos como cobayas de sus execrables experimentos.

El Congreso acogerá el miércoles una votación homologable a una cuestión de confianza contra Sánchez e Iglesias. Si estos la pierden, su Gobierno estará muerto políticamente. Será un zombi. Si salen airosos del trance con el apoyo del PP, será difícil para Casado explicárselo a sus votantes.