Los hechos los podrán leer en las crónicas como la de Ángeles Caballero, pero lo que ha trascendido esta semana del acto de Vox en Vallecas obliga a revisar cómo está el patio político en España y la hipocresía de quien se dice a sí mismo “demócrata” o “antifascista” mientras justifica actos injustificables que en democracia no pueden pasar jamás por lanzar piedras, ni enzarzarse por las calles, como tampoco por tirar cócteles molotov contra sedes –como a Podemos en Cartagena. Eso es inaceptable, por mucho que a uno le disguste el ideario de cualquier partido, o este estuviera soltando soflamas que a uno le causen espanto o repulsa.

En primer lugar, porque normalizar que los mítines o espacios políticos puedan ser focos de agresión es otra consecuencia más del preocupante bucle de polarización en el que vive instalado nuestro país desde hace varios años. Las instituciones, a fin de cuentas, se crean para vehicular los conflictos, para sacarlos del instinto de tribu o la ley de la selva. Es decir, para darles un cauce de resolución pacífico con métodos dialogados y representativos. He ahí la cuna del parlamentarismo, que es el Reino Unido, donde se dice que la separación entre las dos bancadas es la distancia entre dos espadas, a modo simbólico de cómo el diálogo puede enterrar la lucha entre particulares o la guerra.

 Quienes justifican que una «provocación» es motivo para devolver el conflicto a la calle incurren, primero, en una abyección moral sin paliativos
Por ese motivo, quienes justifican que una “provocación” es motivo para devolver el conflicto a la calle incurren, primero, en una abyección moral sin paliativos. Segundo, contribuyen a deslegitimar el papel de las instituciones democráticas como mecanismos pacíficos para articular y canalizar los problemas sociales. La premisa de fondo, de hecho, es que un pensamiento así solo puede darse en quien ha dejado de creer que el sistema democrático puede hacer algo para frenar ciertos discursos o para resolver sus propios problemas como ciudadano. Y esa es otra barbaridad. De hecho, en el caso que nos ocupa, los sucesos de Vallecas, hay varios elementos adyacentes que hay que tener en cuenta.

Primero, que los partidos contrarios a la ideología de Vox hacen dejadez de funciones, pues están muy perdidos y todavía no tienen resuelto el debate sobre cómo interactuar con esa formación en el día a día para contrarrestar sus discursos. Se olvidan a menudo de que Vox ya está en las instituciones. Por ejemplo, el independentismo dedica ‘performances’ en el Parlament –sin condenar el ataque de Vox sufrido en Vic durante la campaña del 14-F–, donde sacan cartelitos o se levantan de las sesiones cuando habla algún diputado de esa formación. Ahora bien, todo ello son imágenes de consumo interno para la propia cantera y en nada contrarresta el apoyo a dicha formación.
En lo que respecta a la izquierda, a menudo su confrontación argumental ha ido acompañada de estampas que, en perspectiva, demuestran el uso partidista a conveniencia que se ha hecho de su surgimiento. A días, a Pedro Sánchez Vox le parece un partido de Estado si se abstiene para aprobar los fondos europeos. Eso pese a haberle hecho el cordón sanitario con anterioridad o haber blandido la llegada de la ultraderecha solo para hundir al PP. A días Pablo Iglesias es captado riendo en un salón del Congreso con Iván Espinosa de los Monteros. Todo ello tras haber decretado la “alerta antifascista” con la entrada de Vox en Andalucía en 2018. Lo normal sería que los políticos mantengan un trato cordial y no la dialéctica amigo-enemigo, siendo los discursos el único punto de discusión.

A la sazón, las agresiones jamás están justificadas en democracia porque ya existen instituciones que ponen coto a expresiones que no se consideran aceptables para sus ciudadanos, mediante la acción de los tribunales y la justicia. Ese sería el caso de que se incurriera eventualmente en presuntos discursos de odio hacia colectivos vulnerables. Por ejemplo, la fiscalía ha abierto diligencias en el pasado por algunos de los discursos de Vox relativos a los menores extranjeros, campañas sobre el colectivo musulmán o cuando han hecho ciertas aseveraciones sobre el Gobierno.

Sin embargo, lo que deberían tener claro los ciudadanos es que una formación como Vox solo puede ser contrarrestada, como cualquier otra, atajando las causas socioeconómicas que fomentan su surgimiento. De hecho, existe una relación demostrada entre la pujanza de las ideologías extremas tras la eclosión de conflictos intensos en nuestra sociedad. No se equivoca Iglesias cuando afirma que la polarización encuentra una espoleta en la desigualdad social, y lo mismo aplicaría para los conflictos territoriales o de índole religiosa. Pasa que esas condiciones materiales del ciudadano terminan a la larga por conformar su identidad y su voto.

 La izquierda debe asumir que los huecos que ella deje en su gestión política serán ocupados por otras formaciones
Precisamente, del caldo de cultivo de la crisis se nutrió ya Podemos en 2015. Ahora busca hacerlo Vox por los barrios humildes del otrora llamado “cinturón rojo” de Madrid, que Javier Ortega Smith (Vox) iba pregonando que pasará a ser ‘verde’ tras el 4-M. Vox lleva meses desplegando una potente estrategia de la mano de Rocío Monasterios por esos barrios –como en Cataluña– y brujuleando en torno a la idea de que ellos son el nuevo partido de la indignación. A su juicio, la izquierda se habría aventurado en batallas culturales que la han alejado del flanco obrero, e incluso pretenden beber del descrédito de Podemos.

Y ahí está el principal problema: que la izquierda debe asumir que los huecos que ella deje en su gestión política serán ocupados por otras formaciones. De un lado, porque los barrios no son de nadie y los ciudadanos presos de la indignación votarán en uno u otro sentido, según malestar o precariedad. Por otra parte, porque desde sectores que justifiquen lo injustificable solo lograrán el efecto inverso: aumentar más el apoyo social a formaciones como Vox a costa de partidos como el PP o Ciudadanos. Luego dirán: “Venían buscando la foto”. Pero alguna responsabilidad se pedirá también a quienes se la dieron.
Es decir, haciendo que Vox logre mantenerse dentro de la Asamblea Regional y que Isabel Díaz Ayuso no pierda su más que probable socio de Gobierno a partir de 2021. Hasta lo de Vallecas, la única esperanza de la izquierda era que Ayuso no lograra gobernar porque su pujanza dejara a Vox fuera del Parlamento madrileño. Ayuso, que ignorando a Vox e incorporando partes de su populismo ha hecho más, curiosamente, que otros por reducir la fortaleza de ese partido.