José Antonio Zarzalejos-EL CONFIDENCIAL
Los 12 diputados de Vox podrían bloquear la situación y obligar a que se convoquen unas nuevas elecciones. Su margen de maniobra es mínimo y por esa razón, PP y Cs no deben alterar su pacto
El cambio en Andalucía, después de 37 años de poder socialista, consiste en un gobierno del PP y Ciudadanos (47 escaños) para el que es necesario el respaldo de Vox (12 escaños). Si el partido de Santiago Abascal cree que el acuerdo cerrado por populares y liberales no puede ser asumido en todo o en parte, que se abstenga o vote en contra de la investidura de Moreno Bonilla y haga lo propio con la previsible de Susana Díaz.
Los 12 diputados de Vox podrían bloquear la situación y obligar a que se convoquen unas nuevas elecciones. Su margen de maniobra es mínimo por no decir que inexistente y por esa razón y por cuestión de principio, el PP y Cs no deben alterar ni una sola línea del pacto que han suscrito en aspectos que signifiquen adquirir mercancía programática sensible del partido populista.
Como se ha explicado, Vox sostiene tres principios ideológicos–aunque los formule muy desordenadamente- que son 1) la unidad de España con explícita supresión del modelo autonómico previsto en la Constitución, 2) la moral cívica de carácter confesional cristiano y 3) el rechazo a la ideología de género. Este último criterio ha llevado a sus dirigentes a exigir que PP y Cs supriman de su acuerdo de gobierno el desarrollo –incluso presupuestario- de la ley de violencia de género, lo cual es totalmente inadmisible.
La protección a las mujeres de la violencia machista, determinadas medidas de discriminación positiva, la evitación de las brechas salariales entre hombres y mujeres y, en definitiva, la igualación con el hombre en la plenitud de la condición ciudadana de las mujeres son políticas irrenunciables en una sociedad democrática y, ni por separado ni en conjunto, implican la militancia en la ideología de género.
Esta forma de pensar –la ideología de género- se remite a un modelo de sociedad en el que el sexo no tiene relevancia a ningún efecto y, llevada al extremo (cosa que ocurre a veces en España y en otros países), incurre en el absurdo de pretender borrar hasta la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Ni el PP ni Ciudadanos militan en esas ideas y el desarrollo y dotación presupuestaria de las medidas previstas en las actuales leyes que protegen en determinados aspectos a las mujeres resultan decisiones políticamente responsables. Y alterarlas a instancia de Vox sería un auténtico disparate, una regresión incompatible con el futuro de los partidos a los que se reclama tal renuncia y la instalación de esas supuestas ‘derechas’ en los peores cánones de las sociedades autoritarias. La única respuesta verosímil a la exigencia de Vox es una negativa absoluta.
Los dirigentes del partido de derecha extrema tienen que asumir que su papel –el que le han dado los electores- se concreta en favorecer el cambio en Andalucía, pero con sus números no pueden aspirar a incorporar aspectos de su programa que les identifican, precisamente, como una organización política integrista. Entre los excesos de determinada izquierda y los requerimientos de Vox hay un amplio territorio para la sensatez, la ponderación y las políticas de moderación e integración. De tal manera que el ‘voxismo’ debería entender que el acuerdo entre el PP y Cs son lentejas, es decir, que su voto es exigible para el acuerdo entre ambos partidos y su negativa comportaría nuevas elecciones, salvo la inverosímil posibilidad de que los diputados de Vox permitan que Susana Díaz vuelva a presidir la Junta de Andalucía.
Cualquier debilidad del PP y especialmente de Ciudadanos, respecto de las demandas de Vox, produciría en el sector más templado de su electorado una auténtica convulsión. Si ya existen grupos de electores liberales que se sienten incómodos con este pragmatismo aritmético al que condujo el 2-D, una cesión mínimamente relevante a las pretensiones fundamentalistas de Vox quizás procurase una desmovilización de los moderados que engrosarían la abstención, huérfanos como están de una opción política –el PSOE de Sánchez no lo es ahora- que asegurase políticas de integración lo más transversales posible.
Para el partido de Albert Rivera, en particular, la gestión del pacto en Andalucía representa, desde luego, una oportunidad, pero alberga también muchos riesgos en otros territorios de España en los que su ambivalencia será imprescindible para conformar gobiernos. Y, en último término, Ciudadanos sigue siendo el único partido en la reserva para el caso de que el PSOE –con o sin Sánchez- decida mirar al centro político y desista de su actual ‘aventurerismo’ con Podemos y los independentistas catalanes, incluso con el ‘abertzalismo’ radical. No pueden permitirse los liberales ni un mal paso en Andalucía. Un resbalón en Sevilla sería tanto como un ictus político-ideológico en el resto de España. Y, particularmente, en Cataluña.