Aragonés y Puigdemont lo han dejado claro: la cuestión del déficit fiscal de Cataluña está en la palestra negociadora del futuro gobierno de España. Los nacionalistas piden en concreto 20.000 millones adicionales, pues en esa cifra calculan la diferencia entre los impuestos que se pagan en su región y la financiación que reciben del Estado. Que tal cuantía es exagerada lo sabemos todos –incluidos los que la estiman–; pero la discusión de fondo es conceptual. Es innegable que el déficit existe, aunque lo que importa es su naturaleza. Desde una perspectiva contable, ese déficit no es sino la contrapartida, en la balanza de pagos, del superávit comercial que se genera en las transacciones de bienes y servicios entre Cataluña y el resto de España. Por eso es absurdo tener que compensar a la Generalitat por gobernar una región muy competitiva desde el punto de vista económico. Por cierto, que pasa lo mismo en otras Comunidades Autónomas de gran potencial productivo.

Importa aclarar también cómo se genera el déficit fiscal. El asunto es simple: los españoles –y los catalanes lo son– pagamos individualmente impuestos en función de la capacidad económica que está en la base de nuestra renta; y a su vez recibimos prestaciones del Estado –o de la Comunidad Autónoma en la que residimos– de una manera igualitaria, pues todos tenemos los mismos derechos en ámbitos como el de la educación, la sanidad, los servicios sociales, las ayudas en el caso de catástrofes o la protección que nos proporcionan los policías y jueces frente a la violencia de otros, por citar sólo la parte mollar del gasto público. Si esto es así, resulta evidente que tener que compensar a la Generalitat porque la población de Cataluña tiene un nivel de renta superior a la media española es un auténtico disparate. Está claro entonces que, si para pagar el precio que el nacionalismo ha puesto a la investidura, un partido político –pongamos que hablo del PSOE o de Sumar– accede a compensarle a la Generalitat el déficit fiscal de Cataluña, estará contribuyendo a aumentar, por la vía financiera, la desigualdad entre los españoles. Nacer aquí o allá ya no será indiferente para nuestro porvenir y el de nuestros hijos.