Antonio Rivera-El Correo
Si me dan a elegir lo más preocupante de lo que hemos visto estos dos días de debate de investidura no me quedaría con la estúpida escenificación de las derechas, dentro y fuera del hemiciclo, hasta parecer lo que pretenden hacer de ellas las izquierdas: una pandilla de reaccionarios, apocalípticos, autoritarios y eso que llaman ahora «fascistas». Siendo grave y anticipando una oposición de trinchera, no es lo que más preocupa.
Me inquieta mucho más la renuncia del candidato a presidente del gobierno y de su partido a defender el Estado de derecho como soporte esencial de la democracia. No solo defender, también desarrollar la pedagogía a que está obligado un partido que exhibe como garantía sus 140 años de existencia.
El escenario ha forzado acuerdos imposibles, soportados en redactados crípticos y de semántica difusa. Quizás no había otro remedio: tú no pones Constitución y yo no pongo autodeterminación. También entraba dentro de lo previsto alguna crítica a las decisiones de tribunales que han obstaculizado todavía más la posibilidad de los diferentes acuerdos. Es una manera de decir: «Se siente, pero te la quedas».
Pero es preocupante que más allá de eso se deslicen entre los partidos del futuro gobierno acusaciones de autoritarismo o de instrumentalización por parte de las derechas de los miembros de esos tribunales. Empezamos por ahí y pasamos a descalificar todo el poder judicial, que es lo que pretenden inequívocamente los ahora perjudicados por sus decisiones. Un futuro vicepresidente del gobierno no puede hablar de exiliados, salvo que no los distinga de los prófugos de la Justicia: unos se dan cuando no hay legitimidad democrática; los otros con ella. Si no lo tiene claro, no debería aceptar tan alto cargo de un país sin garantías. El futuro presidente no puede agradecer la abstención necesaria de los cinco diputados de Bildu: basta con guardar silencio; nada ni nadie le exigía más y todos nos habríamos conformado con menos. El blanqueamiento empieza por ahí.
En resumen, las izquierdas no pueden dejar la invocación y la defensa del Estado de derecho a las derechas -sean estas sinceras en ello o no-, ni pueden mostrarse ajenas ante quienes se asomaban estos días a la tribuna para impugnarlo. La sospecha ante quienes vienen de una lectura revolucionaria de la política es suficiente para que sigamos inquietos. Pero que un partido de la solera democrática del PSOE en casi toda su historia -no toda, por supuesto- no tenga reflejos para dejar claro qué es lo que no se toca es muy de preocupar. Porque, precisamente, la legislatura va a girar en torno a la cuestión del Estado de derecho.