Ignacio Camacho-ABC
- ¿Hay alguien capaz de creer que esta forma de legislar es propia de un Gobierno que se profese a sí mismo una pizca de respeto?
Esto no es serio. Y los que han hecho los decretos –dos a falta de uno, versión ‘hard’ y ‘light’, como las películas eróticas de los setenta– son los primeros que saben que se trata de una tomadura de pelo. ¿De verdad hay alguien capaz de creer que esta forma de legislar es propia de un Gobierno que se profese a sí mismo una pizca de respeto? ¿De verdad se puede llamar acuerdo a un parche improvisado bajo la presión de unos cuantos agitadores callejeros y aprobado sin ninguna certeza de que lo convalide el Parlamento? ¿De verdad merecemos los españoles que uno de los principales problemas del país se aborde con un método tan chapucero? ¿De verdad quedan ciudadanos dispuestos a considerar fiables a los autores de este esperpento?
La situación es tan grotesca, tan ridícula, que ni siquiera tiene mucho sentido detenerse a analizar las medidas. Veremos a sesudos economistas tratando de convencernos de lo positivas –o negativas– que son con gran despliegue de argumentos y cifras, como si realmente estuviéramos ante un acontecimiento de enorme complejidad política. Tiempo perdido; esta chapuza tiene la misma credibilidad que los maulas que la han parido a toda prisa sin otro afán que el de sacarse de encima el reproche de no ser lo bastante progresistas. Populismo de brocha gorda para engañar a una juventud empobrecida con el señuelo de un intervencionismo que liquida los últimos rescoldos de garantías jurídicas en un país administrativamente sobrerregulado y carente de seguridad normativa.
Tras ocho años de fracaso por inacción en la promoción de viviendas –salvo la particular de la familia de Pablo Iglesias– el Ejecutivo sanchista responde a las protestas beneficiando a quienes ya tienen un alquiler a costa de reducir la oferta. Es decir, ventajas a los que están dentro del mercado a expensas de los que están fuera. Bonita ocurrencia. Los inquilinos se quedan y los que aspiran a serlo, que son muchos más, deberán buscarse la vida como puedan, esperar una herencia o embarcarse en una hipoteca porque los propietarios obligados a congelar sus rentas sacarán sus pisos a la venta, como de hecho vienen haciendo desde que el sanchismo blindó los impagos del arrendamiento bajo la presión de la extrema izquierda.
En una escena pública normal, que desde luego no es ésta, el Gobierno negociaría con la oposición un marco legal con vocación de largo plazo. No es difícil; en el mismo decreto hay elementos susceptibles de pacto que podrían contar con amplísimo respaldo parlamentario y por tanto sostenerse más allá de probables cambios en el puesto de mando. Pero en ese caso se desmoronaría el relato del enfrentamiento de bandos y la división social en buenos y malos. Es mucho mejor crear un artefacto inservible que la alternativa de poder se cargue de un plumazo; incluso cabría pensar que eso es justo lo que se está buscando. Un pretexto para volver a llenar las plazas contra esa inhumana derecha defensora de intereses privados. Quizás el viernes, ante el Congreso, veamos un adelanto.