Y sin embargo, la Constitución

Muchas veces parece que en España lo que funciona es sospechoso. Tal vez por eso el éxito tiene mala prensa y el triunfador es un ser observado con recelo, cuando no con abierta hostilidad. La envidia deja poco espacio a la admiración y la turbia esperanza de que algo negativo siempre termine por aflorar exime de la antipática tarea de reconocer a quien lo merece. La verdadera filantropía está mal vista y en el mejor de los casos se considera útil para denunciar las supuestas carencias del Estado, en vez de ser apreciada como la expresión de una saludable sociedad civil. Aquí, salvo excepciones, no vemos esas placas que recuerdan a los benefactores que hicieron posible un nuevo pabellón en un hospital, un museo o, sin llegar a tanto, un banco en un parque público. Con frecuencia, la búsqueda de la excelencia trata de pasar desapercibida porque de conocerse no será reconocida como el esfuerzo de superación y calidad en cualquier actividad, sino como un artificio clasista y discriminatorio. Las virtudes que toda sociedad aspira a cultivar en beneficio común se recluyen en el ámbito privado con la sensación del torero al que echan del ruedo a almohadillazos mientras hacen su entrada el sensacionalismo, la demagogia y el espectáculo en el que se funden los realities telebasura y las performances de Rufián.

Esta pulsión autolesiva que nos distingue para peor de otras sociedades que han desarrollado un valioso sentido comunitario en el que plasman virtudes cívicas se proyecta sobre la Constitución a los cuarenta años de su aprobación. Dejemos a un lado la piadosa recitación de obviedades del tipo «la Constitución, como toda obra humana, no es perfecta», «la Constitución prevé su propia reforma» y similares porque no añaden nada, y recordemos el consejo anglosajón de no reparar lo que no está estropeado. Como tendemos a confundir lo que nos parece impensable con lo imposible, convendría observar un panorama en el que la negación de lo que funciona bien se dirige a la Constitución. Por un lado, están los revolucionarios posmodernos que ven en la Corona el eslabón débil, el clavo del abanico que si salta haría saltar a todo el sistema. Son republicanos pero de república bolivariana, republicanos de la república como instrumento de exclusión, que quieren convencernos de que una república que expulse a la mitad de los ciudadanos, como poco, es preferible a una Monarquía que abre el juego político a todos, también a los que aspiran a abolirla.

Luego están los independentistas, bien en la fase delirante y kafkiana de Cataluña, o en el estadio de reconstrucción confederal-abertzale que protagonizan el PNV y EH Bildu. La declaración alumbrada por ambos en la que se ataca a la Constitución es una exhibición de la falacia nacionalista no solo en lo que tiene de tergiversación histórica, sino de hipocresía política: un texto pactado entre los que han detentado el poder de manera prácticamente hegemónica durante casi los mismos años que tiene la Constitución y una fuerza política recreada para sobrevivir a la derrota operativa de ETA. Y finalmente se encuentra la izquierda tradicional, el Partido Socialista que, aupado al poder por los anteriores, reviste su creciente indiferencia hacia el consenso constitucional como pragmatismo de poder y anda muy afanado buscando cómo crear –y promocionar– una extrema derecha con la que justificar su activismo izquierdista, a pesar de que todo indica que Franco sigue muerto. Lo recordaba en un reciente artículo Ricardo Dudda.