Otros dos guardias civiles han muerto frente a las costas de Huelva, como hace dos años en Barbate, peleando en condiciones desiguales contra el narcotráfico, superior incomprensiblemente en recursos.

Sus muertes, que deben ser consideradas asesinatos y merecen todos los galardones y el reconocimiento moral y económico, consuman una triste evidencia: la de la inferioridad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado frente a organizaciones criminales que actúan con impunidad.

Porque eso es lo realmente indignante: que todo un Estado sea incapaz de proteger a quienes nos protegen y de darles los medios para dejar de estar en desventaja para ponerse muy por encima de la amenaza.

El Gobierno dilapida miles de millones en bisutería política, en atender los peajes imanes de sus aliados y en dotarse a sí mismo de todos los medios, por superfluos que sean, para desarrollar sus actividades, tan a menudo innecesarias, publicitarias o clientelares.

Pero no encuentra nunca los presupuestos ni el incentivo suficiente para cuidar a quienes se juegan la vida para defender las nuestras, a pesar de que la abrumadora mayoría de los españoles siente casi devoción por estos valientes defensores del Estado.

Este bochorno interpela directamente al presidente del Gobierno y al ministro del Interior, incapaces de reunirse hace dos años con las familias de Barbate y de rectificar, desde entonces, el drama perpetrado por malhechores.

Ni recuperó la llamada OCON, una división especializada en el combate a los carteles, ni reforzó los dispositivos para mejorar la respuesta a esas redes delincuenciales internacionales.

Y eso les hace responsables de este desastre que exige una comparecencia inmediata y la asunción de responsabilidades. Porque ya está bien de dilapidar lo obtenido con la mayor presión fiscal de la historia y, a la vez, hurtarle a policías, militares o guardias civiles lo que ellos merecen y la sociedad necesita.