EL MUNDO 18/12/15 – OPINIÓN
· ‘EL PERIÒDIC d’Andorra’ está difundiendo esta semana encuestas sobre la intención de voto del próximo domingo que se transmiten inmediatamente en España a través de las redes sociales. Cada día, a los pocos minutos, su contenido se tuitea por miles de personas, en la absurda forma de comportamiento de los precios de determinados productos de la cesta de la compra: agua (azul), fresa (rojo), berenjena (morado) y naranja, los colores de los partidos.
La legislación electoral establece en nuestro país que queda prohibido difundir sondeos cinco días antes de la fecha de los comicios, por lo que ningún medio puede hacerse eco o reproducir esos datos del periódico andorrano. Pero en internet circulan precios de productos.
La intención de los legisladores cuando se aprobó la norma era proteger al ciudadano para permitirle decidir con el máximo de autonomía de conciencia, sin dejarse influir por esos sondeos, en muchos casos interesados y muy poco fiables. Esta prohibición podía tener sentido hace un par de décadas, cuando no existían internet ni las redes sociales. Pero ahora ha dejado de ser viable puesto que resulta imposible evitar que esos sondeos se difundan a través de los diferentes soportes electrónicos y tengan una circulación masiva.
Quienes emiten los resultados de las encuestas lo hacen desde el exterior y, por tanto, los tribunales no pueden actuar contra ellos. Y tampoco puede entablar acciones contra los miles de ciudadanos que los transmiten por la redes en el ejercicio de su libertad de comunicación.
Contra lo que sucede en España, hay países que no ponen ninguna restricción a la divulgación de encuestas como es el caso de EEUU y Gran Bretaña, donde el asunto queda sometido a la autorregulación profesional. Pero en Europa hay numerosas naciones que fijan limitaciones temporales por ley como Francia, Alemania, Grecia o Italia. Tanto uno como otro modelo tienen ventajas e inconvenientes, pero lo que resulta absurdo es mantener una prohibición que puede ser fácilmente vulnerada por los últimos avances de la tecnología. Los periódicos no pueden imprimir esas encuestas ni los medios audiovisuales informar sobre ellas, pero nada impide a los ciudadanos utilizar Twitter o Facebook para que millones de personas tengan acceso a los datos.
Por tanto, lo más sensato es cambiar la ley y eliminar las restricciones para que estas encuestas se puedan difundir sin incurrir en responsabilidad alguna. De hecho y como es tradicional, los grandes partidos encargan estos días sondeos a las empresas especializadas para poder evaluar y corregir sus estrategias. Lo que sucede es que son manejados con cautela y sólo llegan a un reducido grupo de políticos y periodistas, que cuentan con esa información privilegiada.
No tiene sentido mantener una prohibición que al final no es respetada ni justificable en un mundo en el que internet permiten transmitir la información de forma instantánea. Bastaría tal vez que los medios pactasen una autorregulación o que la prohibición se limitara a la jornada de reflexión, que sí tiene sentido mantener si se optara por cambiar la ley o el sistema electoral.
EL MUNDO 18/12/15 – OPINIÓN