La reforma laboral, tal y como está planteada, denota que la técnica legislativa del Gobierno es deficiente (véase también en el proyecto de ley de vivienda). Por definición, no puede darse por cerrado un decreto ley —normativa de urgencia en manos del Ejecutivo con posterior convalidación en el plazo de un mes por el Congreso— sobre la base de un pacto con sindicatos y patronal sin amarrar al mismo tiempo la mayoría necesaria para que sea respaldado ‘ipso facto’ por la Cámara baja. 

De ahí que Gabriel Rufián haya afirmado que ERC no vota favorablemente “proyectos personales”, suponiendo que esta nueva normativa laboral —que reforma la del PP de 2012, pero no la deroga— es un objetivo promocional de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Y ciertamente lo es, tanto por razones competenciales de su ministerio como por empeño político de la interesada, aunque sin olvidar que era un compromiso programático ‘derogatorio’ de la coalición. A los republicanos catalanes y a EH Bildu —y, por otras razones, al PNV— un traspiés de Yolanda Díaz les viene bien. Porque su pretendido ‘proyecto de país’ compite en Cataluña y País Vasco con ERC y con los secesionistas de Otegi.

Los socios parlamentarios del Gobierno son muy difíciles de manejar por un aparato en la Moncloa cuyos responsables no están duchos en estas lides. Tampoco es fácil el empeño. Ni siquiera para Félix Bolaños, que ha llamado a “ensanchar las mayorías”. Eso quisiera. De ahí que el presidente haya sacado de su aparente ostracismo a Adriana Lastra que, sin títulos, con escasa sofisticación, conoce la gramática parda de la negociación rasante con los agrestes diputados de EH Bildu y con los republicanos. Aunque para tratar con el PNV sean convenientes perfiles políticos más tradicionales que los de la asturiana. Es posible que la abstención de los nacionalistas vascos sea la clave de bóveda de la convalidación de la norma laboral si se les ofrecen alternativas. 

La cuestión es que Yolanda Díaz o saca adelante ‘sin tocar ni una coma’ el decreto ley de reforma laboral, o se deterioran sus expectativas, que han alcanzado a estas alturas de la legislatura la categoría de hipérbole política. Porque hay que tener en cuenta que la vicepresidenta segunda no recaba la confianza plena de Podemos ni de Izquierda Unida. Y a Pedro Sánchez y al PSOE les resulta amenazante. Entre los unos y los otros, Díaz puede ser un plato más del menú caníbal de independentistas, nacionalistas y hasta de los morados si Pablo Iglesias, ahora encaramado en minaretes mediáticos desde los que salmodia a diario, lanza la consigna de rectificar su propia decisión —evidentemente improvisada, como casi todo lo que hace el baranda de los bolivarianos— y le retira a Yolanda Díaz las credenciales de la sucesión a su liderazgo mágico.

Para los empresarios, retirarse del acuerdo de la reforma laboral tiene muy poco coste inmediato y mucho mediato. Garamendi no cuenta plenamente ni con el empresariado catalán ni con buena parte del madrileño. Así que, si el Congreso cambia ‘una coma’ del decreto ley, se apea del pacto. Las consecuencias a medio plazo, sin embargo, podrían ser pésimas porque si se tramitase como proyecto de ley, los secesionistas y los nacionalistas introducirían rectificaciones que continuarían ese proceso de destrucción del espacio público compartido —España— en Cataluña y Euskadi. O sea, la extirpación de la presencia del Estado, que en aquellas comunidades es mínima. De hecho, están consiguiendo la secesión por omisión. A esa realidad política tan visible los empresarios, con eufemismo, lo denominan ruptura de “la unidad de mercado”. 

La patronal también renunciaría al acuerdo si Díaz, en una finta mercantil, pretende mantener el decreto ley, pero entregar al PNV lo que quiere —la prevalencia de los convenios autonómicos— mediante la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores. Así que desde la CEOE animan a que Ciudadanos —nueve escaños— se avenga a respaldar el decreto ley, al tiempo que, ante la posibilidad de un fiasco, el Gobierno vuelve la vista a la derecha. Si fuese esta la que salvase la reforma laboral —hipótesis improbable, pero no imposible—, tampoco se rescataría a Díaz, porque su propósito consiste en que la mayoría de la investidura se revalide bajo su propia batuta.

Se trata de una ingenuidad de la vicepresidenta segunda porque esa concertación la consiguió Pablo Iglesias, un tipo que no se sujeta a los cánones, como bien demostró al declarar que quería a Otegi y a los suyos en “la dirección estratégica del Estado”, después de amarrar pactos con EH Bildu y llevarse muy bien con la CUP. De este laberinto tiene que ser Sánchez el que señale la salida. Suele ser habilidoso para conseguir soluciones en situación extrema. 

Yolanda Díaz es una comunista de marchamo sindical —como lo demostró ayer con su desplazamiento a Cataluña para parlamentar con UGT y CCOO en aquella comunidad para que la ayuden a doblegar a ERC— y, por lo tanto, de la estirpe más pragmática de su partido y del estilo de otros colegas ideológicos diferentes a Garzón y a Enrique Santiago (como bien subrayaba Esteban Hernández el pasado jueves al glosar las propuestas económicas del secretario general del PC francés, Fabien Roussel), que se han movido en el terreno de juego de las democracias liberales occidentales y se han atenido —a veces con renuencias obvias— a sus reglas de compromiso.

Esta mañana en Barcelona he podido dialogar con miembros de @ugtcatalunya sobre la reforma laboral y agradecer su trabajo cotidiano en la defensa de los derechos laborales.

La mejora de las condiciones de trabajo es tarea de todas. pic.twitter.com/KFV7spw34R

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 26, 2022

Los republicanos catalanes y los separatistas vascos van a romper, y si no pueden, a desvencijar, y si no lo logran, a desestabilizar, y si no consiguen ninguno de esos objetivos, a consolidar el síndrome del malestar permanente. Entre ellos y Podemos, con un Sánchez que ha empoderado de nuevo a Adriana Lastra, no es imposible que se produzca un fenómeno de autofagia política con Yolanda Díaz. Que ha llegado tarde a salvar la cara al ministro Garzón, que apenas se dejará ver en la campaña electoral en Castilla y León, y que sobre el atlantismo de Sánchez no ha abierto la boca. A este paso, más que ‘un proyecto de país’, la vicepresidenta parece estar optando a una plaza de independiente en las filas del PSOE. ¿Qué quiere hacer, y con quién, la ministra de Trabajo?