Al empezar el año nos habíamos quedado con que la economía española había recuperado ampliamente los niveles de empleo previos a la pandemia. La EPA nos hablaba de 611.300 ocupados más que en 2019. Nada menos. Lo cual justificaba el entusiasmo del Gobierno y servía para tapar cualquier otra carencia. Es cierto que había datos raros y sospechábamos que otros estaban ocultos. Entre los primeros, el hecho de que el número de horas trabajadas se mantuviera por debajo de los niveles precovid, a pesar del incremento de personas ocupadas. Nos faltaban exactamente 387,3 millones de horas, lo cual justificaba el dato negativo de la falta de recuperación del PIB que se mantenía también por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. Una situación anómala en Europa en donde el resto de nuestros socios están ya produciendo más bienes y servicios.

Había otro dato preocupante y era el elevado número de empleados públicos. Es cierto que la sociedad demanda cada día más servicios en sanidad, educación, atención social y un largo etc., pero causa cierta sorpresa el hecho de que el recurso masivo a la informática y el uso general de las comunicaciones haya tenido en lo público un comportamiento exactamente contrario al registrado en lo privado. Sectores como la banca, los seguros, etc., en donde las labores administrativas son generales han visto reducidas sus plantillas de manera sustancial, mientras que en el sector público el número de sus empleados ha aumentado en 134.000 desde el principio de la actual legislatura. En total son 2,58 millones, de lejos, la primera empresa del país.

Lo cual no ha sido óbice para que la sanidad se encuentre colapsada, la Seguridad Social atascada y la Administración de Justicia detenida. Todo un récord. Alguien debería estudiar en detalle la utilización que hacemos los ciudadanos de estos servicios básicos, pues esta sorprendente evolución solo se puede explicar por un aumento explosivo de su demanda social.

Las cifras del empleo eran buenas, pero faltaba un detalle que la vicepresidenta segunda del Gobierno ocultaba con celo. Su reforma laboral, autoalabada sin piedad, reflejaba una situación extraña en la cifra de fijos discontinuos que se había duplicado desde su promulgación y que figuraban –como siempre lo habían hecho–, como trabajadores en activo, a pesar de que se sabia que algunos cobraban la prestación por desempleo. Esta semana se han conocido los contornos reales del empleo a finales de 2022 y, ¡oh sorpresa!, 443.078 personas de las contabilizadas como ‘fijos discontinuos’ son fijos, pero están fijos… en el paro, pues en realidad son inactivos, a pesar de que más de la mitad de ellos, exactamente 268.402, cobren el paro. Es decir hay casi medio millón más de parados que los reflejados en las estadísticas oficiales, lo cual sube la cifra total holgadamente por encima de los tres millones y se aleja con desesperación de los 2,8 ‘oficiales’.

¿Nos ha engañado la vicepresidente o se le habían ‘extraviado’ inadvertidamente ese casi medio millón de parados? ¿Es insolvencia o mala fe, como diría nuestro impagable presidente? ¿Le ha visto usted sonrojarse por tamaño error o semejante fraude? No, ella está a otras cosas más importantes y no puede detenerse en pequeños detalles como este. Está, por ejemplo, centrada en alumbrar esa panacea que será su proyecto de ‘Sumar’. Correcto, pues de momento puede empezar a sumar parados a sus cifras. Se va a hartar…