Sin haber aportado en este lapso al juzgado las pruebas para su defensa que comprometió y con su abogado, un procesalista, focalizado en intentar anular la causa por el material documental obtenido en EE UU, Zapatero no fue este jueves mucho más allá de aquella grabación de mayo y se movió en la entrevista -del todo insuficiente llegados a este punto de la instrucción- entre la exigencia apasionada de que se respete su presunción de inocencia y la petición, más o menos explícita, de que se dé crédito a su palabra.

Pero se trata de dos planos distintos. Cualquiera que se ciña a los presupuestos al Estado de derecho debe asumir que es la culpabilidad lo que debe demostrarse, lo que exige a los delatores evidencias de su señalamiento. Pero eso no anula, miméticamente, que pueda ponerse en tela de juicio la estrategia del exmandatario socialista de requerir que se confíe en él casi a ciegas.

Y cuando resulta evidente, al margen de otros indicios en su contra, que mintió sobre el presunto origen familiar de las joyas tasadas en 1,3 millones que ayer atribuyó a un «regalo de cortesía» sin aclarar su origen y, lo que es grave, sin comunicar su existencia a Hacienda. Zapatero está en su legítimo derecho de defenderse como considere y corresponde al PSOE decidir hasta dónde se amarra al menguante crédito de quien no solo fue su líder, sino un emblema ético para la izquierda. Pero Pedro Sánchez no puede permitirse, y menos para salvaguardar su interés político, atar a las instituciones que rescataron a Plus Ultra a las venenosas sospechas de una intervención ilícita de su antecesor.