El pacto de Estado sobre educación debe tener dos objetivos: la mejora de la calidad de la enseñanza y la garantía de igualdad de derechos para todos los españoles. Si de verdad se quieren atajar los males del fracaso escolar, no puede ser un acuerdo de generalidades, porque la frustración será aún mayor.
RAJOY ha presentado un documento sobre la reforma de la educación con propuestas bastante concretas, provocando la protesta del PSOE que acusa al PP de salirse de la mesa de negociación. No hay para tanto. El ministro de Educación restó trascendencia a la polémica y expresó su confianza en la consecución de un pacto en materia educativa que exige la sociedad española casi por unanimidad: más del 90% de los ciudadanos según los sondeos. Hasta el momento, y seguramente movidos por este estado de opinión, Gobierno y PP han reiterado su voluntad inequívoca para acordar las bases de una reforma educativa en profundidad. Aunque la perspectiva no es tan optimista si nos detenemos en el análisis de los contenidos concretos -algunos imprescindibles- que debe tener el acuerdo.
Sin ánimo de agotar todas las necesidades de la educación -que son muchas- el pacto podría resumirse en dos objetivos que deben ser irrenunciables para el PP: la mejora de la calidad de la enseñanza y la garantía de igualdad de derechos para todos los españoles. Empezando por esto último, el PP propone garantizar la enseñanza «del español y en español» en todas las comunidades, derecho que como se sabe no se respeta ni en Cataluña, ni en Baleares. El PP no puede renunciar de ningún modo a garantizar, con todas las consecuencias, el derecho de los padres de escolarizar a sus hijos en su lengua materna. Dado que la política lingüística es la piedra de bóveda del pacto de los socialistas catalanes y baleares con sus socios independentistas, es imprescindible que el PSOE se comprometa a que en Cataluña y Baleares exista la posibilidad de elegir la lengua vehicular. Si no lo hace, el hipotético acuerdo será papel mojado. Lo mismo cabe decir de la reforma de los currículos, para que los contenidos de asignaturas como la Historia sean comunes -al menos en su mayor parte- para todas las autonomías.
La otra gran cuestión que debe abordar el pacto educativo es la mejora de la calidad de la enseñanza y la recuperación de la autoridad del profesor y de valores como la disciplina y el esfuerzo en las aulas. En este sentido, el PP propone ampliar a tres los años de bachillerato -ahora son dos- y disminuir la secundaria en un curso. El objetivo de esta reforma sería permitir que los alumnos de 15 años que no quieran o no puedan continuar sus estudios hasta la enseñanza superior puedan optar por la formación profesional, aunque con posibilidades de incorporarse posteriormente al bachillerato y la universidad. El PSOE ha puesto el grito en el cielo sobre esta posibilidad, argumentando que es discriminatoria y contraria a la igualdad. Sin embargo, el actual modelo educativo ha demostrado que la presencia forzada en las aulas de alumnos que no quieren seguir estudiando dificulta el trabajo de los que sí quieren hacerlo y baja el nivel de la enseñanza. De una o otra forma, este asunto ha de contemplarse en el futuro acuerdo, con la garantía, eso sí, de una reforma en profundidad de la formación profesional para que no siga siendo la hermana pobre del sistema. La imposibilidad de pasar de curso con más de dos suspensos nos parece asimismo una reforma necesaria para primar el esfuerzo. Por lo que se refiere a Educación para la Ciudadanía, nos parece correcto que el PP no convierta la asignatura en casus belli, siempre que exista disposición a pactar su contenido.
El pacto de Estado sobre educación tiene que contemplar todo esto si de verdad se quieren atajar los males del fracaso escolar. No puede ser un acuerdo de generalidades, porque la frustración será aún mayor. El PP no puede permitirse otro fiasco como el Pacto por la Justicia que firmó de forma atolondrada cuando gozaba de mayoría absoluta, con el resultado de todos conocido.
Editorial en EL MUNDO, 20/1/2010