LIBERTAD DIGITAL 28/08/13
ETA y su entramado están convencidos de que el asunto de los presos se puede convertir durante el próximo curso político en el «flanco más débil» del Ejecutivo. Los cabecillas de la banda, ajenos a las mejoras que ya se están produciendo en el ámbito económico, confían que la postura obstruccionista que protagonizan los partidos de oposición, con el PSOE a la cabeza, impida al Ejecutivo desarrollar normalmente sus proyectos.
Los pistoleros quieren convertirse en los principales beneficiarios de esta situación, en la creencia de que Rajoy no tendrá más remedio que ceder en el asunto de los presos y evitar así un problema añadido. Se trata de un análisis equivocado a todas luces o una engañifa más con la que tener entretenidos a los reclusos. Se trataría, según expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN, realizar una presión lo suficientemente fuerte para que Rajoy considerara que no le interesa perder el control de un asunto que tiene encauzado, pese a la presión de los nacionalistas y la de los socialistas vascos. Las mismas fuentes opinan que ETA y su izquierda abertzale van a volver a equivocarse y que lo único que van a lograr es un mayor grado de frustración entre los presos, con unos resultados imprevisibles. La situación del colectivo de reclusos, que no tardarán en hacer público un comunicado con sus conclusiones sobre el debate interno, es de abierto enfrentamiento. Además, la banda ya les ha comunicado que quedan terminantemente prohibidas las soluciones individuales y pedir perdón a las víctimas.
El entramado etarra, legalizado en Bildu, Amaiur y Sortu, ha incrementado, de momento, toda su estrategia de desobediencia civil. Por si había alguna duda, incluyeron esta forma de actuar durante el debate de la formación de Sortu. En teoría, se trata de una práctica pública no violenta, consciente y política contra una ley u orden de una autoridad, que los proetarras consideran injusta o ilegítima. El objetivo es invalidar esas leyes y normas y crear una nueva legalidad que tenga que ser reconocida de facto. De momento, los resultados no son los proyectados pero, según las citadas fuentes, van logrando avances, sobre todo después de la vuelta de los nacionalistas al Gobierno vasco.
El problema de los grupos del entramado etarras es que, cuando convencieron a ETA de que anunciara el fin de las «actividades», argumentaron que «el proceso de liberación vasco» había entrado «en una nueva fase de confrontación democrática, en la que la desobediencia civil y política será una herramienta de lucha contestataria y una alternativa para oponerse al poder del Estado». «No aceptaremos el actual ordenamiento jurídico, al que se desafiará de forma consciente y progresiva en la medida que su proyecto político vaya adquiriendo mayor apoyo político y social». Todo un proyecto, que si el Gobierno de Rajoy mantiene la firmeza (lo que se da como seguro) tiene que seguir haciendo aguas. Además, no se debería descartar la ilegalización de los grupos legalizados por el Tribunal Constitucional.
El plan de desobediencia civil incluye, entre otras, las siguientes medidas:
–Acciones de no colaboración, como la realización de actos simbólicos de oposición pacífica; declaraciones, concentraciones, presiones a adversarios políticos y sociales; homenajes a militantes; no cooperación ciudadana con el Gobierno de España, rechazo de su autoridad, retirada de símbolos institucionales y cumplimientos lentos o incumplimientos disimulados del ordenamiento jurídico.
–Actos de intervención no violenta, cuyo objetivo es reducir las fuentes de poder del Estado o eliminarlos. A este respecto, cabe citar los intentos de obstaculizar la detención de militantes de la Izquierda Abertzale condenados por los Tribunales de Justicia que se produjeron recientemente en San Sebastián y Ondarroa.
Dentro de estas movilizaciones, y de lo que la izquierda abertzale considera, erróneamente, ahora el punto más débil del Estado, se van a incrementar las exigencias para que acabe la dispersión de los presos de la banda. Los proetarras y lo ocurrido desde que el PNV volvió al poder en el País Vasco le está dando en parte la razón, pretenden atraer hacía sus posiciones a agentes políticos y sociales ajenos a la izquierda abertzale, granjeándose la simpatía y apoyo de la sociedad. Simultáneamente, tratar de obligar al Estado a una respuesta en que se utilice la violencia, lo que, piensan los «batasunos», le supondrá la pérdida de apoyos en la sociedad y le generará contradicciones entre los diferentes agentes políticos y sociales que lo apoyan.