El PNV pide en sus propuestas de resolución derivadas del debate sobre el estado de la nación la transferencia al País Vasco de las infraestructuras de las líneas ferroviarias «de interés estrictamente local» y también garantías para la ampliación del aeropuerto de Bilbao.
La pretensión jeltzale, según aseguró ayer su diputado Aitor Esteban, es realizar una apuesta por las infraestructuras vascas y proyectos estratégicos para Euskadi. Así, Esteban entiende la petición de la transferencia de los ferrocarriles que tengan servicios de cercanías o regionales, para excluirlos de la red de interés general, demanda contenida en el paquete de negociación con el Gobierno fruto del acuerdo presupuestario de 2011. También el PNV reclama la modificación urgente, en el plazo de un mes, de la Ley del Sector Ferroviario, para liberalizar el transporte de viajeros por tren «al menos en los servicios regionales y de cercanías», de manera que otros operadores distintos a Renfe «puedan circular por las líneas generales».
Para el País Vasco, hay tres proyectos que Esteban considera «estratégicos», como son el Eje Ferroviario Atlántico, el aeropuerto de Bilbao y la integración de la estación del AVE de San Sebastián con el proyecto cultural Tabakalera.
I+D+I
Dentro de las peticionesf figuran tres mociones más del PNV sobre I+D+i, a fin de incluir en los presupuestos de 2012 al menos la misma cantidad de inversiones en esta materia que en 2011 y para solicitar la creación de Fondos Financieros Estratégicos. Aquí la sensibilidad del PSOE está garantizada.
A su vez, las pymes, los autónomos y el sector máquina herramienta motivan tres propuestas más. Se refieren al impulso un plan de incentivación de las inversiones en máquina-herramienta, con ayudas directas y subvenciones para la compra de estos equipos, así como líneas de crédito ICO flexibles para financiar a las pequeñas y medianas empresas.
Hay también dos propuestas de resolución por parte del PNV para mejorar la competitividad de la industria eléctrica y un mejor almacenamiento del gas natural y tres en materia de protección.
EL PAÍS, 30/6/2011