La regla móvil

EL MUNDO 06/03/15
SANTIAGO GONZÁLEZ

El ministro de Justicia ha explicado que no hay impedimentos judiciales para que Ignacio González pueda ser candidato en mayo, a pesar de la polémica por la compra de un ático en Estepona. Y lo ha dicho con estas palabras: «No creo que esto vaya a influir en que el señor González sea nombrado o no como candidato, ya que los aspectos jurisdiccionales no existen en este asunto».

Ésta es una prueba de que Catalá se expresa con tanta precisión jurídica como vaguedad descriptiva de los hechos. Que haya polémica por el ático no tiene por qué ser impedimento hasta llegar a los límites de la cuestión: momento imputación o momento apertura de juicio oral (tachar lo que no proceda). Lo que va a influir en el aparcamiento de las aspiraciones políticas de Ignacio González no va a ser jurisdiccional exactamente.

Contaba Marisa Cruz esta semana que al ser preguntado por la candidatura de González, Rajoy dijo sin despeinarse: «Hay que preguntar en el Partido Popular porque es allí donde se toman las decisiones». A él qué le preguntan.

Un caso de alteridad –incruento– que sólo tenía rival en la habilidad de Franco para llamarse andanas. En su primera visita a Oviedo tras la guerra, el dictador y su mujer fueron agasajados por la buena sociedad ovetense. Carmen Polo empezó a interesarse por sus viejos conocidos hasta que preguntó qué había sido de cierto profesor y se hizo un silencio espeso entre los comensales. Hasta que Franco con su voz atiplada: «Creo que a ese lo fusilaron los nacionales».

Tener imputados en las listas es un hábito de los que cuesta deshacerse, como morderse las uñas, un suponer. El PP empezó la legislatura con 11 imputados en sus listas. Se ha ido deshaciendo de ellos poco a poco hasta el pasado mes de enero, en el que con la dimisión de Ricardo Costa y Yolanda García se quedaron con el grupo parlamentario hecho una patena. Lentos, pero seguros.

Sin embargo, el ministro de Justicia ha venido fijar una regla móvil, que es la que ya se venía aplicando con gran sentido intuitivo, dependiendo de que el imputado fuera propio o de los otros y, en el caso de que fuera de los nuestros, si es de mucho interés electoral o no.

Recordarán a León de la Riva, alcalde de Valladolid que ha dado al PP cinco mayorías absolutas. Sí, hombre/mujer, el de las zafias ensoñaciones con «los morritos» de Leire Pajín. Bueno, pues además, las elecciones le van a pillar sentado en el banquillo por un delito de desobediencia. Eso es algo más que imputado, pero Catalá considera con «los órganos internos del partido» que no hay motivos para tacharlo de las listas.

Otro tanto sucede con Juan José Imbroda, presidente de Melilla, que ha sido citado por el Supremo en calidad de imputado para el 11 de abril. «A lo mejor se le archiva», dijo Catalá, que debe de tener una gran fe en la divina providencia.

El vicealcalde de Valencia, Grau, ahí sigue, y viene de nuevas el candidato por Murcia, como si no tuviera bastante con llamarse Pedro Sánchez y poder ser imputado por prevaricación en los dos meses y medio que faltan para las autonómicas, aunque de momento no tiene impedimento. La cuestión es que dirigentes populares que tienen asiento en los órganos internos del partido exigían a Young Sánchez las actas de diputado y senador de Chaves y Griñán el mismo día que fueron citados por el Tribunal Supremo para declarar como imputados. Fue el mismo día en que fue señalado Imbroda. Hay imputados e imputados, dijeron los órganos internos. ¿Y en el PSOE? Pues justo al revés.