La ley que ese día aprobaron las Cortes disponía: «Los deberes que la constitución política ha impuesto siempre á todos los españoles (…) se extenderán, como los derechos constitucionales se extienden, á los habitantes de las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava…». Terminaban así las exenciones fiscales y militares.

Había acabado meses antes la última guerra carlista y esta vez lo había hecho sin un acuerdo como el Convenio de Vergara, que dio final a la primera contienda. El Gobierno se decidió a proceder al arreglo definitivo de la cuestión foral, prevista en 1839 y sucesivamente aplazada, no sin que algunas disposiciones recortasen algunos aspectos de la foralidad.

Para el presidente del Gobierno, Cánovas del Castillo, constituía un arduo problema político. Necesitaba asentar el régimen de la Restauración en el País Vasco –donde se había producido lo fundamental del levantamiento carlista–, pero los liberales vascos defendían unánimemente la supervivencia de los fueros.

La posición de liberalismo vasco, fuerista, fue rotunda. Se negaron a ningún acuerdo y en las Cortes todos los representantes vascos defendieron contundentemente los fueros. No pudieron impedir que estos quedasen suprimidos el 21 de julio de 1876.

Sin embargo, este no fue el final de la historia. La mencionada ley preveía la posibilidad de introducir un régimen especial. Costó concretarlo. La ley abolitoria se recibió con un rechazo general y las últimas Juntas Generales que se reunieron en las tres provincias pidieron su derogación.

La oposición terminante no se mantuvo de forma indefinida. Al final, se impusieron aquellos fueristas que propugnaban el pragmatismo, para salvar algún autogobierno. El resultado de negociaciones posteriores fue el régimen de Conciertos Económicos, corolario de la ley de 1876, que dos años después creaba una nueva organización político-administrativa.

No se aplicó en el País Vasco el régimen impositivo común, se creó el sistema de cupo y admitió la posibilidad de que cada provincia estableciese una fiscalidad propia. También se mantuvo el autogobierno administrativo, que durante la Restauración llegó a ser mayor que en la época foral, pues el poder central dejó de controlar a los ayuntamientos, que pasaron a depender de las nuevas diputaciones provinciales. Estas no fueron ya elegidas por Juntas Generales, que no se restauraron, y pasaron a ser designadas por los peculiares procedimientos electorales del periodo, solo formalmente de rasgos democráticos.

Con el tiempo, el nacionalismo, de génesis posterior, interpretó la ley del 21 de julio como el final definitivo de una especie de soberanía vasca. «Sabino Arana y todo el nacionalismo vasco ha estado en contra del servicio militar obligatorio por tratarse de un atentado perpetrado contra las leyes vascas por la ley abolitoria de 1876»: en 1991 todavía el PNV acudía a esta disposición para justificar sus posiciones.

«Leyes vascas» frente a la ley abolitoria: era una interpretación ideologizada de la historia, pues los fueros no se habían concebido como la expresión de una soberanía local. «Los territorios vascos fueron, pues, ‘repúblicas libres’ y soberanas desde siempre», seguiría afirmando el PNV, sin más respaldo histórico que el doctrinal. «Aquella ley, dictada sobre un pueblo vencido militarmente, suprimió sus libertades y las instituciones por las que se regía», aseguraba el 21 de julio de 1976, cuando se conmemoró con solemnidad reivindicativa el centenario de la disposición.

No fue el punto de vista del liberalismo vasco –que durante un tiempo abandonó a los conservadores de Cánovas–. Sin embargo, entendió que el 21 de julio de 1876 se liquidaban los últimos vestigios del autogobierno histórico. Para el alavés Mateo Benigno de Moraza, que lideró a los liberales vascos en las Cortes, el fin de los fueros «era la ruina y la desolación del infeliz País vascongado».

Fue también la forma de inserción de las provincias vascas en un sistema constitucional. Implicó además que terminasen definitivamente las formas de organización tradicional, sustituidas por un régimen liberal. Eso sí: las reivindicaciones fueristas a finales del siglo XIX, en los años noventa, tuvieron como fecha simbólica el 21 de julio. Ese día solían tener su acto central en Gernika. De otro lado, el nuevo sistema gestado a partir de 21 de julio de 1876, el de los Conciertos Económicos y la autonomía administrativa, carecía de un sólido respaldo jurídico, pues no eran fruto de leyes, sino de decretos gubernamentales y órdenes ministeriales.