EL CORREO 03/11/13
· El varapalo a la ‘doctrina Parot’ no afectará a los presos de la banda que han cometido los crímenes más duros de la última década
Un total de 150 presos de ETA deberán cumplir una condena íntegra que oscila entre los 30 y 40 años de prisión. Es el cálculo que maneja la izquierda abertzale, que tiene elaborados unos listados con la situación penitenciaria de los más de 600 internos de la banda que cumplen sus condenas en centros penitenciarios de España y Francia. Es la otra cara de la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que echó por tierra la ‘doctrina Parot’: la de aquellos miembros de la organización terrorista que no podrán acogerse a ningún tipo de beneficio fruto de las sucesivas reformas del Código Penal. Una relación en la que, entre otros, figuran los asesinos del inspector de Policía Eduardo Puelles o los autores del atentado que hizo añicos el aparcamiento de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas acabando con la vida de dos personas.
La izquierda abertzale cree que sólo una negociación entre ETA y el Gobierno ‘aliviaría’ la situación de este grupo de internos
El informe, al que ha tenido acceso un muy reducido grupo de dirigentes independentistas, establece algo así como tres categorías entre el colectivo de presos de ETA. En el primer bloque quedarían los reos que se van a ver beneficiados por el fallo de Estrasburgo en favor de Inés del Río. En esta categoría la izquierda abertzale sitúa a más de un centenar de reclusos –el Ministerio del Interior ha llegado a hablar de 137, lo que supone un porcentaje muy sustancial de todo el colectivo–. Son aquellos a quienes se les había aplicado ya la ‘doctrina Parot’ y a los que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Constitucional deben revisar sus respectivos casos en las próximas semanas, y también aquellos otros etarras encarcelados a los que se presumía que se les iba a aplicar en los próximos años y que ya no será posible.
Otro número similar de militantes de la banda aparecería en un segundo bloque. Se trata de presos que quedaban fuera del alcance de la ‘doctrina Parot’, que cumplen condenas ‘menores’ y que pueden comenzar a salir de prisión en un plazo «relativamente corto» de años si se les empiezan a aplicar los mismos mecanismos para la progresión de grado y la obtención de la libertad condicional que a los delincuentes con causas comunes. Reclusos que, de forma escalonada y paulatina, podrían quedar en libertad en el plazo de no mucho más de una década, según diferentes fuentes independentistas.
La reforma de 2003
Ese panorama aliviaría en buena medida las presiones que los dirigentes de Sortu reciben desde las cárceles y, sobre todo, desde el colectivo de familiares de los reclusos. Entre los allegados y los etarras encarcelados se había instaurado la creencia de que, tras el cese de la violencia de ETA en octubre de 2011, el Gobierno español facilitaría la progresiva excarcelación de los terroristas. Algunos, incluso, estaban convencidos de la posibilidad de que se dictase una nueva amnistía similar a la de 1976. Las dos posibilidades han sido rechazadas desde el primer momento por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que exige la previa disolución de la organización terrorista para cambiar siquiera una coma de la actual política penitenciaria.
El tercer grupo, el que la propia izquierda abertzale reconoce como el que más conflictos le puede generar, lo constituyen 150 presos con largas condenas –algunos de ellos con cientos o miles de años de reclusión– para los que la ley no contempla la posibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios. O al menos no en las condiciones de los anteriores. Se trata de etarras que deberán cumplir 30 ó 40 años de reclusión íntegra; unos castigos muy elevados debido a la brutalidad de sus crímenes y a los que las reducciones por buen comportamiento se deben des-
contar del total de las penas impuestas. Eso hace prácticamente imposible que se les pueda rebajar un solo día del tope máximo de estancia en la cárcel.
Un máximo de reclusión que viene marcado por una fecha: 2003. Fue entonces cuando el legislador introdujo una modificación en el Código Penal de 1995, el primero de la democracia, según la cual, para los casos de terrorismo o grandes crímenes el tope de estancia entre rejas pasaba de los 30 a los 40 años. El cambio venía provocado por el impacto que en la sociedad habían causado asesinatos como los de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, o el de las niñas de Alcàsser. La ciudadanía y los partidos entendían que ese tipo de crímenes especialmente sanguinarios no merecían el mismo tratamiento que el resto.
En ese bloque de presos que deberán permanecer entre rejas un total de 40 años figuran todos los terroristas cuyos delitos se han cometido en la última década. Es el caso de los integrantes del ‘comando Otazua’ –Iñigo Zapirain, ‘Aritza’, Beatriz Etxebarria, ‘Kot’, y Daniel Pastor, ‘Txirula’– autores materiales de los asesinatos del inspector de Policía Eduardo Puelles, en julio de 2009, o del brigada Luis Conde de la Cruz, un año antes. Los tres han sido condenados a más de 500 años de cárcel por ambos casos y en sus sentencias se subraya que el periodo de reclusión efectivo será de cuatro décadas. Cuando completen su estancia en prisión y salgan a la calle, todos ellos habrán superado los setenta años de edad, e incluso Pastor andará cerca de ser octogenario.
Medidas de gracia
Dentro de esta relación también figuran los internos en prisiones francesas, donde ahora mismo cumplen condena ‘generales’ de la banda como Garikoitz Aspiazu Rubina, ‘Txeroki’, Aitzol Iriondo o Luis Iruretagoiena, ‘Suni’. Todos ellos deberán permanecer casi dos décadas en cárceles galas antes de cumplir otros 30 ó 40 años en centros penitenciarios españoles. Para este grupo de 150 reclusos, las organizaciones de la izquierda abertzale sólo contemplan una posibilidad que ‘alivie’ las condiciones de su reclusión: que con el paso del tiempo La Moncloa acceda a negociar alguna medida de gracia. Una solución que los dirigentes independentistas no prevén en el corto plazo, ni tampoco de la mano de un Ejecutivo del PP o en manos de Mariano Rajoy.
Sin embargo, sí creen que podría darse en el marco de una futura negociación con la organización terrorista para abordar la situación de quienes aún hoy engrosan sus filas. Unos etarras todavía en activo a los que en buena medida se les deberá enjuiciar según el actual Código Penal, el más duro de la democracia. La izquierda abertzale ve necesario, no obstante, el paso del tiempo y que el proceso de paz esté encauzado para que se puedan tomar medidas que ahora resultarían traumáticas para las víctimas, que han hecho bandera de la exigencia del cumplimiento íntegro de las penas terroristas.
1.040 años por la T-4
Las hipotéticas medidas de gracia se antojan complicadas de asimilar si se echa un vistazo a la lista de reclusos que deberán cumplir entre 30 y 40 años de internamiento real. Una relación en la que figura Arkaitz Goikoetxea, quien fuera jefe del ‘comando Bizkaia’ y tuviera bajo su responsabilidad atentados con coche bomba como el que se registró en agosto de 2007 contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Durango o el que hizo pedazos el acuartelamiento del instituto armado en Legutiano y que costó la vida a Juan Manuel Piñuel.
También se incluyen en este apartado terroristas como Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián, condenados cada uno a 1.040 años por el atentado que terminó con el proceso de paz de 2006 al volar con explosivos uno de los aparcamientos de la T-4 del aeropuerto de Barajas segando la vida de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, dos inmigrantes ecuatorianos residentes en Madrid. O José Ángel Lerín, quien fuera jefe del ‘complejo Donosti’, que suma ya penas de cárcel por un centenar de años.
En la relación también figuran otros activitas de ETA sin delitos de sangre. Como Garikoitz García Arrieta, condenado por tratar de establecer una base de la banda en Portugal a comienzos de 2010. Deberá cumplir cuatro décadas de reclusión por el transporte de una furgoneta con explosivos y por haber derribado a una agente de la Guardia Civil durante su detención. O Zigor Bravo, que deberá hacer frente a 30 años de internamiento por facilitar información al ‘talde’ que asesinó al funcionario de prisiones Máximo Casado el 22 de octubre del año 2000.
Al mismo castigo, tres décadas, se enfrenta Manex Zubiaga, condenado a más de 1.500 años, pero con penas anteriores a 2003. Entre los delitos de Zubiaga figura la colocación de un coche bomba en la plaza de Colón, de Madrid, el día de la Hispanidad de 2001 y que pretendía causar una masacre en el desfile de las Fuerzas Armadas; o el atentado contra el vehículo oficial del director general de Policía Científica, Juan Junquera González, que causó heridas al comisario y a otro centenar de personas.