Pena capital en Israel

A partir de ahora los tribunales militares de la Cisjordania ocupada sentenciarán a muerte a los terroristas (sin ciudanía israelí) que hayan cometido asesinato. A los condenados incluso se les negará el derecho al indulto. Solo en casos excepcionales se permitirá la cadena perpetua.

A su vez, en Israel y en Jerusalén Oriental la jurisdicción ordinaria podrá imponer pena capital a quienes (con o sin ciudadanía israelí) hayan asesinado con la «intención de negar la existencia del Estado de Israel». Es evidente que los destinatarios de tales medidas son los integrantes de organizaciones palestinas como Hamás.

Existe un poderoso argumento ético contra las ejecuciones: el derecho fundamental a la vida. Hay otro de índole práctica: lejos de disuadir de que se cometan nuevos crímenes, pueden resultar contraproducentes. Fue el que utilizó en el Parlamento israelí el líder de la oposición, Yair Lapid, quien se opuso al proyecto con estas palabras: «Es el sueño de Hamás. Esta ley es lo que Hamás buscaba cuando invadió Israel el 7 de octubre».

No es la primera vez que un político hace una reflexión semejante. En diciembre de 1970 seis dirigentes de ETA fueron condenados a muerte en el proceso de Burgos. Al discutir si la sentencia se llevaba a la práctica, el entonces vicepresidente Luis Carrero Blanco razonó en el mismo sentido que Lapid: ejecutar a los etarras supondría «caer en la trampa tendida por el enemigo, orientada a crear ‘mártires’». Para acabar con la banda «lo más útil (…) era conceder el indulto». El almirante convenció al Consejo de Ministros y a Franco. Y las penas capitales fueron conmutadas.

La estrategia de acción-reacción-acción que guiaba a ETA buscaba provocar una represión brutal por parte de la dictadura que justificara nuevos atentados y represalias. Los indultos no la desactivaron, pero evitaron que esa espiral llegara hasta sus últimas consecuencias.

Aunque el Gobierno no lo reconoció, su clemencia también respondía a otro motivo: los ajusticiamientos habrían aislado al régimen justo cuando estaba tendiendo puentes con Europa occidental. Eso explica, y no supuestos reparos morales, por qué en la década que va desde 1964 a 1973 no se ejecutó a ninguno de los integrantes de ETA y de otras organizaciones que habían sido condenados a muerte.

Irónicamente, el asesinato de Carrero Blanco terminó con el perdón. Su sucesor, el presidente Carlos Arias Navarro, optó por la mano dura. Pretendía detener el terrorismo, aplacar a la extrema derecha y afianzar su posición. El 2 de marzo de 1974 el franquismo ejecutó a un miembro del MIL y a un delincuente común sentenciados por la muerte de un policía y un guardia civil respectivamente. El 27 de septiembre de 1975 fueron fusilados tres militantes del FRAP y dos de ETApm condenados por el asesinato de cuatro agentes de la ley.

Las ejecuciones de 1974 no originaron una gran campaña de protesta, pero las de 1975 sí, a nivel nacional e internacional. La imagen moderna que la dictadura había intentado proyectar se evaporó. Aquellos fusilamientos no trajeron a la ultraderecha de vuelta al redil, ni reforzaron a Arias Navarro, ni salvaron a un régimen moribundo. Y, lejos de neutralizar el terrorismo, le proporcionaron mártires y una excusa para acelerar la estrategia de acción-reacción: la semana posterior se cometieron nueve asesinatos.

Los sucesos del 75 tuvieron un eco tenebroso al otro lado del charco. Tras la inestabilidad marcada por los atentados de los Montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo y la Alianza Anticomunista Argentina, un golpe de Estado instauró una dictadura militar en marzo de 1976. El general Jorge Rafael Videla reconoció al periodista Ceferino Reato que, con el fin de ahorrarse una campaña de descrédito como la que había sufrido el franquismo, la Junta decidió sustituir los ajusticiamientos judiciales por la desaparición de sus «enemigos internos».

Según Amnistía Internacional, 113 países han abolido totalmente la pena capital. Todavía es legal en 86, pero solo 15 de ellos realizan ajusticiamientos judiciales. Los más punitivos son China, Irán y Arabia Saudí. Resulta chocante que Israel quiera pertenecer a tal club.

Desde un prisma ético y político, es un grave error. Las ejecuciones supondrán no solo vulnerar los derechos humanos y deteriorar la democracia israelí, sino echar más gasolina al fuego de organizaciones terroristas como Hamás. O incluso abrir las puertas a algo peor.