Por su alcance, se trata de una apertura histórica que ofrecerá derechos como el acceso a la Seguridad Social, la sanidad y la educación -el voto se reserva a la obtención de la nacionalidad española-. Pero también exigirá obligaciones que garanticen la convivencia y la aportación al sistema en condiciones de igualdad a través de la cotización y el pago de impuestos. A pesar de lo que supone esta regularización para un país necesitado de mano de obra y tasas más prolíficas de natalidad, el foco se ha trasladado por recomendación del Consejo de Estado al endurecimiento de los trámites para asegurar que las personas regularizadas no tengan antecedentes penales. Esta obligación se produce en un momento de fuerte debate y consenso transversal sobre la posibilidad de agravar las sanciones a los delincuentes reincidentes, incluso con la expulsión a sus países de origen.

Pedro Sánchez se congratuló ayer del respaldo recibido a la regularización por sectores plurales, desde la patronal a la Iglesia. Pero lo cierto es que la polarización política, con el señuelo de las elecciones en Andalucía, amenaza con convertir el reto migratorio en un motivo de dura disputa -Núñez Feijóo rechazó ayer la medida al considerarla «inhumana», «insostenible» y «sin control»-. Sería deseable que el proceso se desarrollara sin tensiones añadidas, aunque será complejo. La UE busca ahora disuadir la inmigración irregular y puede interpretar lo que el Gobierno de Sánchez considera un hito en la normalización como un ‘efecto llamada’ del que recela profundamente.