Bien. Admitamos que la señora Gómez sale absuelta de los cuatro delitos que la instrucción del juez Peinado –tan prolija como de discutible estilo– considera verosímiles a tenor de los indicios. Pasemos entonces al plano de la ética, la estética y la ejemplaridad exigibles al entorno de un dirigente político. ¿Es admisible en democracia que el hermano y la esposa de un primer ministro protagonicen sendos episodios de flagrante enchufismo? ¿Hay alguien capaz de creer en conciencia que Begoña habría accedido a una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense, en ausencia del preceptivo título, si no estuviese casada con el jefe del Ejecutivo? ¿O de que ese puesto, creado con carácter específico, estuviese al alcance de un ciudadano común que lo solicitase en virtud de los méritos de su currículum? ¿Podría ese eventual aspirante contar con los mismos patrocinios? ¿Existe entre las otras cincuenta y cuatro cátedras de ese tipo alguna adjudicada sin requisitos académicos y administrativos?

Si la respuesta a la primera pregunta es no –en el resto no cabe otra– estamos ante un fenómeno de uso patrimonial del poder al margen de la calificación penal de los hechos. Una cuestión de prevalimiento de la posición de influencia en propio provecho, con la añadidura del empleo de recursos institucionales –sede y secretaria– y de relaciones de privilegio en apoyo del proyecto. Y si la respuesta es sí pasamos al terreno de la confusión de intereses generales y particulares característica de los regímenes bananeros, una clase de corrupción normalizada, estructurada como un método y convertida en rasgo sistémico a partir de la proclamada superioridad moral de hallarse en el lado correcto. Ese sentimiento de impunidad autoconcedida es idéntico al que ha llevado a Ábalos y sus compinches ante el Supremo: un concepto del poder como escalera de ascenso, como palanca de desclasamiento rápido para mediocres aventureros incapaces de progresar por sus medios a base de competencia y de talento.