- Grandes inversores de todo el mundo buscan embargar a España por la anulación de las primas a las renovables
Maria Maizkurrena-El Correo
Por todo el mundo hay empresas representadas por bufetes de abogados que rastrean cosas que puedan embargar al Estado español, es decir, a todos los españoles, por culpa de lo que han hecho y dejado de hacer quienes han manejado las cosas de España durante los últimos quince años. Uno de los grandes actores en este embrollo es Blasket Renewable, con sede en Delaware, que ha comprado los laudos de otras compañías como Eurus Energy, filial de renovables de Toyota: en nombre de esta deuda ha conseguido el embargo de la sede del Instituto Cervantes en la ciudad de Utrecht (un hermoso palacio y un símbolo). El sabueso y perro de presa de este fondo buitre es un bufete de abogados llamado King & Spalding. En 2005 el Tribunal Comercial de Londres resolvió que los laudos emitidos bajo el convenio Ciadi y el Tratado sobre la Carta de la Energía no son transferibles, y les paró los pies durante un momento. Según acabamos de comprobar, el Tribunal de distrito de La Haya no emplea la misma jurisprudencia.
Las primas a las renovables fueron una forma de ayudar con los costes de instalación cuando la energía fotovoltaica, que es donde más se invirtió, estaba en inferioridad de condiciones. El Gobierno quería alcanzar los 400 megawatios (MW) en un periodo de tres años. Acudieron tantos inversores que en tres meses ya había 340 MW instalados. Tanto éxito creó una burbuja y un déficit de tarifa, así que se suprimieron las primas para las inversiones posteriores a 2012. Entonces llegó el Gobierno de Rajoy y eliminó las primas con efecto retroactivo. Además introdujo el famoso ‘impuesto al sol’ para penalizar el autoconsumo.
Las consecuencias se sabían. Algunas se vieron muy pronto, pues los pequeños inversores se arruinaron al instante. Pero los grandes inversores se pusieron en marcha, lenta e inexorablemente, y siguen moviéndose. Los sabuesos buscan por todo el mundo el dinero del sol que no se pagó. Como en EE UU la justicia ha dado la razón reiteradamente a los acreedores, el rastreo allí está muy adelantado. En relación con el Mundial de fútbol de 2026, la justicia estadounidense está pidiendo información a compañías hoteleras, vendedores de material deportivo, etcétera, sobre contratos con el Estado español. Según parece, podrían redirigir ese flujo de dinero de unos acreedores a otros.
De esta compleja novela de enredo comercial y tribunales solo he contado una pequeña parte. La trama tiene más vueltas y revueltas que el ‘caso Koldo’ y no sé bien si la decisión del Gobierno actual de no enmendar lo que hizo el anterior Gobierno es la más plausible. Lleva camino de costarnos más que la deuda en sí (se aplican intereses de demora). Pero no importa: pagamos los de siempre.