La declaración de José Luis Ábalos cerró ayer la fase de prueba del juicio oral por el caso Mascarillas, que se celebra ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahora llega el turno de acusaciones y defensas para mantener o modificar sus peticiones iniciales, y le seguirá el de los informes orales, en los que las partes y el fiscal valorarán la prueba y justificarán sus solicitudes de condena y absolución. El juicio quedará visto para sentencia una vez que los acusados hayan ejercido –o renunciado a él– el derecho a la última palabra. La traducción jurisdiccional de lo visto y oído por los magistrados del Tribunal Supremo se verá en la sentencia que dicten, emplazada desde hace días a purgar todas las declaraciones de testigos y acusados para quedarse solo con lo que atañe al caso que se ha juzgado: el de un grupo criminal dedicado al tráfico de influencias y al cobro de comisiones. Muchas cosas se han revelado, sobre todo con la declaración de Víctor de Aldama, que afectan a otros procedimientos judiciales abiertos en otros tribunales. A estos corresponderá valorar esas informaciones, que poca relevancia tendrán en la sentencia del caso Mascarillas.

La esperada declaración de Ábalos discurrió por un terreno plano y victimista, más propio de lo que un acusado diría en su última palabra que de las respuestas defensivas que podría haber dado. El hecho de que su declaración fuera posterior a las respuestas de los testigos y de los otros dos acusados –Koldo García y Víctor de Aldama– daba al exministro de Transportes una posición de ventaja, finalmente no aprovechada. Expresarse como si estuviera condenado, lamentar que se haya convertido en un ‘meme’ y exponerse como víctima ajena no van a ser alegaciones eficaces contra, por ejemplo, el informe pericial de la UCO defendido por el teniente coronel Antonio Balas. Tanto ese documento como la firme y clara declaración de Balas serán términos de comparación con la rendida postura de Ábalos en su interrogatorio.

Sin perjuicio de lo que diga la sentencia, en el desarrollo del juicio oral han quedado expuestas algunas realidades que la opinión pública no necesita pasar por el filtro judicial para considerarlas ciertas. Es evidente que Ábalos organizó con Koldo García y con Víctor de Aldama un grupo dedicado a forjar una red clientelar bien nutrida con comisiones y favores. También es cierto que la actividad sospechosa y turbia de este grupo no ha sido «una inventada», como dijo Pedro Sánchez, cuyos apoyos a personas de su confianza se cuentan por acusaciones y condenas. Que hubo colocación ilegal de determinadas amistades femeninas de Ábalos en sociedades públicas es algo indiscutible.

El efecto dominó de este juicio debe alcanzar a las investigaciones penales por las comisiones en los negocios de hidrocarburos, por la trama participada por Santos Cerdán para presionar en la contratación de obra pública con las correspondientes comisiones, por el rescate de Plus Ultra y por la posible financiación ilegal del PSOE. Hay en trámite investigaciones bajo secreto cuyo levantamiento no debería de quedar aplazado por la campaña electoral en Andalucía, porque tal criterio da baza a la mal llamada ‘judicialización de la política’ y porque lo respetuoso con el ciudadano es que sepa con antelación a quién y a qué partido vota. Esto es transparencia democrática.