Tenemos Sánchez para años

Ya sabemos que el populismo, el socialismo del siglo XXI, tiene como estrategia, entre otras maldades, la de generar debates, cuestiones, controversias artificiales con el fin de provocar enfrentamientos en la sociedad; los bandos a enfrentarse serían, por un lado, los hipotéticamente malos y en frente, los supuestos buenos, que son ellos. La última ocurrencia del Satán de la Moncloa es la llamada regularización masiva de inmigrantes. Con ella pretende comprarse con nuestro dinero varios cientos de miles de musulmanes, a los que tendremos que mantener y que le permitirán lanzar contra los demás el espantajo del racismo frente a su «humanidad» y sus «medidas sociales». También se permitirá el lujo de justificarse hablando de eso que han dado en llamar «invierno demográfico», cuando se podría llegar a la primavera demográfica bajando fuertemente la presión fiscal para que los hogares españoles tengan más renta disponible y los jóvenes puedan realizar sus proyectos de vida y de familia; claro que en ese caso, igual nacían niños educados en el catolicismo y que no llegasen a ser socialistas.

Pero, en un principio, las consecuencias más inmediatas de esa carísima demagogia serán empobrecernos aún más, maquillar y manipular las estadísticas de afiliaciones a la seguridad social y llamar malvados racistas a los demás. Pero mientras fijamos la atención en el escándalo de la regularización masiva, por detrás aprovecha el desconcierto, usando ese torpedo contra la democracia que es la Ley de Memoria Democrática, para conceder la nacionalidad española de forma automática y genérica a nietos de exiliados españoles. La diferencia es que la residencia de los regulados no incorpora, por el momento, el derecho al voto, pero la nacionalidad de 2,3 millones de nietos sí. Eso supondría ampliar en esa cifra el censo electoral y que las ciudades con mayor número de votantes fueran, por este orden, Madrid, Barcelona y Buenos Aires. Ni que decir tiene que es una quiebra total de nuestro ordenamiento jurídico. La democracia no es sólo votar, pero sí que es ese un elemento esencial. Con la manipulación del censo y la ayuda de alguna manita amiga en Correos, Sánchez tendrá apañadas las elecciones, pero no de un modo democrático por mucho que se le llene la boca con esa palabra.

La Ley de Memoria Histórica del 2007 del nefando Zapatero y su ampliación con la de Memoria Democrática del 2022 del Satán Pedro, son las carcasas en las que van las cargas de profundidad contra el régimen constitucional. Mientras que esos textos manifiestan que dan besitos a la transición y a la Constitución, a la que abrazan fuertemente, durante el abrazo le clavan un puñal en la espalda. Por cierto, abro un paréntesis, que Rajoy con la ley de Zapatero de 2007 hizo lo mismo que con todo, contradecirse y no derogarla.

Aquí cuando quieren hacer una maldad le ponen el adjetivo democrático y ya vale todo. Pero la democracia nada tiene que ver ni con la historia, ni con la memoria, ya que es una herramienta para proteger un bien de gran valor como es la libertad. Pero bueno, ya sabemos que es el comodín; Pablo Iglesias quería atizar con jarabe democrático y podríamos llamar gambas democráticas a las que engullen los sindicatos subvencionados por nosotros, pero no dejarían de ser gambas.

En la siniestra exposición de motivos de la Ley del 22 se recogen frases como: «las políticas de memoria democrática se han convertido en un deber moral»; empezamos bien con Satanás estableciendo la moral. U otra: «El olvido no es opción para una democracia»; cualquier español bien nacido pensaría que se refiere a los crímenes de ETA y sus víctimas, pero haciendo gala de gran cinismo e hipocresía, resulta que no, que se han olvidado de ellas. Su articulado comienza: «Artículo 2. Principios generales. 1) Esta ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición». Se me ponen los pelos como escarpias al pensar que estos que nos gobiernan, y que aprobaron esta ley, pueden arrogarse la facultad de garantizar «su no repetición». ¿Cómo lo piensan hacer?; tiemblo. Porque los integrantes del Frente Popular, incluido el PSOE, que fueron la causa real de la Guerra Civil, y ahora votantes de la infausta Ley ETA incluida, no parece que vayan a cambiar y siguen en sus trece.

Luego en su articulado se van retorciendo y desgarrando preceptos como los de los artículos 20 y 21 del Código Civil cuando concede la nacionalidad española automática a los descendientes de los miembros de la Brigadas Internacionales, y a los hijos y nietros de todos los que salieron de España entre 1936 y 1955; aunque salieran por cualquier causa. Ingeniería social y electoral a la medida de su excelencia el dictador.

Un golpe de Estado se da para cambiar un régimen político y para eso no es necesario usar armas. Es preciso romper y quebrar la principal y más importante estructura del Estado, su ordenamiento jurídico. Gobiernan sin control parlamentario y presupuestario, como en Cuba o Venezuela, atacan a la independencia judicial, y al más alto tribunal el Supremo desde el T.C., retuercen el derecho internacional privado que regula la nacionalidad rompiendo el código civil. Y ahora además tenemos la muy preocupante campaña, no oficial pero si organizada, contra la Corona y el Rey que incluye ruines calumnias; para mitigar los efectos de esa campaña sería de mucha ayuda la presencia entre nosotros de Don Juan Carlos I. Vamos que todo eso tan solo tiene un objetivo y que es el mismo que el de todos los dictadores que en el mundo han sido; perpetuarse en el poder.

A ese destrozo del ordenamiento jurídico le faltaba un posicionamiento dogmático, unas asunciones políticas que revistan de una pretendida ideología el nuevo régimen político. Y eso es lo que contiene la Ley de Memoria Democrática del 2022, que al ensalzar el régimen ilegal de 1931, anula la reconciliación que supuso la Transición; viene a decir que de aquello de reencontramos todos los españoles sin recriminaciones y sin volver a tirarnos los trastos a la cabeza, nada de nada, que hasta esta ley no ha estado nada en orden; viene, como dicen ahora, a cancelar a media España y al régimen del 78, mediante la imposición de un dogmatismo político y bajo el gobierno de un dictador. Con esos mimbres ya pueden hacer el cesto de encargar la instrucción judicial a la Fiscalía, en lugar de a los jueces (ley Bolaños), para encerrar a la oposición.

De verdad que me gustaría estar equivocado en todo. Pero me parece que nadie monta estos desafueros para irse a su casa.