Los análisis sobre los casos de corrupción política que hemos ido conociendo a lo largo de los años se refieren por lo general a estos como manifestaciones de una alarmante sintomatología. Y así es. Pero son algo más. No solo avisos; no solo señales de alerta. Son algo mucho más grave: la consecuencia natural de un modelo de prevención de la corrupción insuficiente por premeditado. Son el desenlace lógico de un sistema de control fallido. Y lo peor es que no parece que haya demasiado interés en poner los medios para subsanar sus deficiencias.

Ábalos, Koldo, Aldama, Cerdán; Villarejo, Bárcenas y otras prendas que veremos desfilar por los juzgados; o, tiempo atrás, los González, Granados, Correa o Crespo, son simplemente la consecuencia inevitable de un desistimiento, el de una clase política que piensa que el sistema lo aguanta todo y prefiere pagar el alto precio del descrédito, y el auge de los extremos, a abrir la caja de los truenos y limitar sus privilegios.

La corrupción, en su apariencia más vulgar y mensurable, no sería posible sin otra no tan fácil de evaluar, pero que es valedora de aquella en tanto que raíz profunda de lo que luego, aunque no siempre, acaba visibilizándose en los tribunales. No es la corrupción en sí; es su zona de confort. Es su muro, su armadura. Resistente, sólida. Más cada día. No lo digo yo. Es Transparencia Internacional (TI) la que acaba de confirmar la buena salud de la que goza la corrupción en España.

Deficiente rendición de cuentas

El Índice de percepción de la corrupción 2025 (IPC), presentado en febrero de este año, y al que como suele ser habitual apenas hemos prestado atención, sitúa a España en el puesto 49 del ranking, tres posiciones por debajo de la que ocupábamos en 2024, que ya era pésima. Este IPC mide el nivel de corrupción en el sector público de 182 países. Llaman la atención los nombres de otros que nos podrían dar, en mayor o menor medida, lecciones de limpieza y rectitud: Bhutan (puesto 18), Emiratos Árabes Unidos (21), Israel (35), Bostwana (41) o Ruanda (43).

El informe anual de Transparencia Internacional no es una mera formalidad. Analiza la información procedente de trece fuentes distintas que miden aspectos vitales de la gestión pública, como la calidad de la gobernanza, la integridad institucional, la independencia judicial, los mecanismos de supervisión, o el grado de implementación de iniciativas administrativas o legislativas eficaces contra la corrupción. Y lo que constata es la falta de reformas efectivas, una menor eficacia de los controles institucionales del Estado y una muy deficiente rendición de cuentas.

Organismos internacionales como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), la OCDE y la Comisión Europea, vienen alertando de la necesidad de una estrategia nacional contra la corrupción. Y desde septiembre de 2024 se exige a los países miembros la elaboración de un plan contra esta lacra. En España, el único paso que se ha dado en esa dirección es la puesta en marcha, septiembre de 2025, con casi dos años de retraso, de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), cuya función es canalizar todas aquellas informaciones que sirvan para prevenir o perseguir casos de corrupción en las administraciones públicas, ya sean estatales o autonómicas.

Agujero negro de silencio

Pues bien, Transparencia Internacional nos aclara en su informe las razones del escaso interés demostrado a la hora de dar a conocer la existencia de este organismo: la AIPI no tiene la “dotación presupuestaria adecuada para aplicar de manera efectiva las medidas de protección a las personas informantes”. Se ha nombrado un presidente, Manuel Villoria, se han puesto en marcha canales internos de información en la Guardia Civil, el Consejo de Transparencia y la Agencia Tributaria, pero los recursos son insuficientes. Lo habitual. Cartón piedra.

Los responsables del proyecto Voiceguard, una estructura de apoyo y protección a las personas que informan de casos de corrupción en toda la Unión Europea, creado al amparo de la Directiva 2019/1937, han hecho públicas sus conclusiones tras estudiar a fondo los casos de República Checa, Bulgaria, Rumanía, Grecia y España. Destacan estas dos: 1) Es “urgente un cambio estratégico fundamental tanto en la concepción como en la implementación de la protección” de estas personas; 2) Se detecta un alto grado de «colonización» o «parasitación» de empresas públicas por parte del poder político.

Voiceguard señala tres grandes problemas sistémicos: 1) “Las alertas desaparecen en un ‘agujero negro’ de silencio institucional, una táctica que erosiona la confianza”; 2) La respuesta inicial de las organizaciones suele dirigirse a represaliar y desacreditar al denunciante y a su destrucción profesional; 3) La lentitud de la justicia provoca a menudo la renuncia a destapar las conductas ilegales por miedo a que cuando llegue la condena esta no repare el daño ocasionado por las represalias.

Pura coreografía

El sistema de protección de quien da el paso de señalar a los corruptos pierde gran parte de su eficacia al fiar el remedio a lo que se denomina actuación “ex post”. Pero es que, además, el tratamiento más eficaz contra este cáncer, como el de cualquier otro, es el preventivo, no el reactivo. Y es ahí donde el fracaso del sistema anticipatorio español alcanza su dimensión más dramática. Como apunta el profesor Jiménez Asensio (en estos asuntos es siempre recomendable consultarle), “la actuación preventiva se descuida o abandona (…) Multiplicamos las leyes, que apenas aplicamos. Cargamos a unos tribunales de justicia, por lo demás lentos y escasamente efectivos, de querellas, demandas y litigios vinculados con la corrupción. Creamos instituciones de control que apenas controlan (…) Pura coreografía”.

¿Ábalos? En unos años será un recurso más de la conversación política; de los muchos que se utilicen para defenderse del siguiente caso de corrupción propio recordándole al adversario pasadas miserias. Mientras no haya voluntad política, en España la corrupción seguirá formando parte de nuestra cotidianidad. Un día más en la oficina. Mientras los partidos políticos no salgan del blablablá regenerativo sin dar pasos reales que impidan por ley la colonización de las administraciones y el debilitamiento de los contrapesos, y se tomen en serio la transparencia, no habrá nada que hacer.

Y este es el drama: que en materia de lucha contra la corrupción los encargados de ofrecer soluciones son aquellos que acreditan una menor credibilidad para afrontar la tarea. Con Sánchez y el PSOE no parece que podamos contar. Tienen otras urgencias. ¿Y los del PP? Tampoco se les ve muy entusiasmados. Mucho señalar con el dedo, pero ni una sola iniciativa que baje a tierra su voluntad, de momento solo retórica, de abordar un verdadero plan de limpieza.

Yo, modestamente, aporto una idea: ¿Por qué no empieza Feijóo por comprometerse a eliminar todos aquellos aforamientos que no cuentan con respaldo constitucional, empezando por los presidentes autonómicos, consejeros y diputados regionales? Quizá así despeje algunas dudas más que razonables.