Hijo del que fuera teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, y miembro de una familia de juristas de prestigio, Alejandro Luzón, con ese aspecto de carcelero patibulario que le distingue, pasa por ser un tipo incorruptible, un temible «fabricante de condenas», un fiscal incómodo, por independiente, para Gobiernos de izquierda o de derecha, además de un tipo discreto que, contra su voluntad, ha ocupado en las últimas semanas las primeras páginas de los medios a cuenta del popularmente conocido como «juicio de las mascarillas» (el primero de los correspondientes al «caso Koldo«, la trama de corrupción que operó en el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos al frente), que se ha venido celebrando en la sede del Alto Tribunal y que este miércoles conoció su episodio final con el alegato del fiscal jefe de Anticorrupción, el citado Alejandro Luzón. Y a fe que el eminente jurista ha dejado a muchos españoles que tenían en él depositada una fe ciega con la boca abierta. De sorpresa, para unos; de decepción, para otros.   

Urge decir que el fiscal Luzón estaba y está obligado a cumplir las órdenes de su superior jerárquico, la «escalofriante» (en versión Maite Rico) Fiscal General del Estado (FGE), Teresa Peramato, contraria a cualquier reducción de pena para ese corrupto arrepentido que ha resultado ser Víctor de Aldama, de profesión empresario comisionista. Toda una retahíla de jueces y fiscales progres, los Martín Pallín, Carmena, Andrés Ibáñez, Bacigalupo y compañía, nos han bombardeado durante décadas con su discurso buenista sobre la necesidad de ser generosos con el criminal arrepentido porque una justicia democrática no puede parecerse en nada a la vengativa justicia franquista, aquella que supuestamente negaba la capacidad de arrepentimiento del delincuente, y porque ser generosos con el que delinque, se arrepiente y colabora con los jueces hace posible el éxito de la lucha contra el crimen organizado al impedir que se consolide la ley del silencio, la famosa omertá que la mafia siciliana convirtió en santo y seña hasta el punto de hacerla prácticamente indestructible en el «Chicago, años 30». Por tanto, sí a los beneficios para el delincuente arrepentido. Beneficios para todos… menos para Víctor de Aldama. ¡Sorpresa…!

¿Y por qué no para Aldama? Porque el comisionista tuvo la ocurrencia, o no tanto, de traer a colación una operación, una más de las muchas en el haber del trío Ábalos-Koldo-Aldama, que ha terminado por apuntalar la condición delincuencial de la familia Sánchez Gómez, inquilina del palacio de La Moncloa desde junio de 2018. Se trata del complejo inmobiliario Campos Velázquez, un parque empresarial propiedad de la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) situado en zona premium del barrio de Salamanca en Madrid, operación con la que la trama pensaba conseguir una comisión de hasta 5 millones de euros y que se fue al traste porque, según confesión de Aldama en el Supremo, Koldo García, el hombre para todo del superministro Ábalos, le obligó a abandonar la compra del complejo, para el que ya tenían comprador, porque la mujer del presidente del Gobierno «quería para ella» esos terrenos. Y de hecho Aldama, a través de su abogado, el fino José Antonio Choclán, presentó la semana pasada ante el TS escrito aportando el acta de una grabación en la que Koldo y Ábalos pactan el reparto de comisiones por la venta de esos terrenos propiedad de SEPI.

La declaración de Aldama ante el tribunal que lo juzga sacando a colación a Begoña Gómez, apuntándole con el dedo, es demoledora para nuestros Ceausescus porque pone de relieve su condición apandadora, al punto de que solo este caso, por no citar otros, sería suficiente para que, en cualquier país democrático, el presidente del Gobierno presentara su dimisión de inmediato y para que la Fiscalía instara la apertura de un procedimiento penal contra Sánchez y su esposa para el esclarecimiento de los hechos. Naturalmente que eso no ocurre en España porque nuestro país ha dejado de ser un Estado de Derecho al uso, para convertirse en otra cosa muy distinta. El resultado de la «imprudencia» de Aldama es que, de acuerdo con las fuentes, el gran capo sufrió uno de esos arrebatos de ira tan característicos en él al enterarse de lo ocurrido, cabreo que se concretó en una llamada a «su» fiscal, la escalofriante Peramato, para ponerle deberes: había que desacreditar a Aldama, desactivarlo de una vez por todas para que no siga tirando de la manta y, por supuesto, negarle cualquier tipo de beneficio penitenciario como arrepentido. 

Luzón se enmienda parcialmente y en su alegato final ningunea a la FGE asegurando que apoya el que una acusación particular (en este caso la del PP) solicite una reducción de pena para el arrepentido, una precisión importante porque, por encima de la interferencia de Peramato, los siete señores magistrados que componen el tribunal y que van a dictar sentencia conocen entonces perfectamente la posición del Fiscal Anticorrupción sobre la materia. Claro que Luzón podía haber hecho más. Podía haber recurrido al artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal («El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes…»), que permite al acusador público elevar un informe razonado al superior para evitar cumplir instrucciones que contravengan el ordenamiento jurídico, incluso proceder judicialmente por prevaricación contra ese superior. Ocurre que los españoles hemos colocado la pesada carga de acabar con Sánchez sobre las espaldas de un puñado de jueces y fiscales demócratas, como si la tarea no nos correspondiera personalmente, como si la responsabilidad de acabar con el dictador en ciernes no fuera labor de todos y cada uno de los 50 millones de ciudadanos a la hora de depositar el voto. Y los jueces y fiscales españoles que diariamente desafían con su trabajo independiente a los Peramato tienen miedo. Hay que decirlo claramente. Las presiones son tremendas. Las amenazas (ver A la caza y captura del fiscal Luzón, José Antonio Zarzalejos), constantes. Pocos quieren jugarse la carrera y quizá algo más. Aquí ya solo faltan las pistolas. Y una caja de pino para el fiscal César Suárez (Ecuador), Marcelo Pecci (Paraguay), Alberto Nisman (Argentina), y el más reciente de todos, Fernando Guerrero Alcántar (México). Cada día menos héroes sobre la faz de la tierra. 

Brillante el alegato de Luzón en defensa de una democracia seriamente comprometida por una corrupción «orgánica, organizada nada menos que desde un ministerio del Gobierno» y el más importante de todos ellos, el ministerio del gasto por excelencia, ocupado por la mano derecha de Sánchez, ex secretario general del PSOE, defensor de la moción de censura que le catapultó al poder, y dueño y señor de todos sus secretos. Una corrupción que «está minando la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas». Una corrupción política que «deslegitima el Estado de Derecho y está carcomiendo nuestro sistema democrático». Podría servir como el requiescat in pace del sanchismo. Es verdad que lo que dice Luzón lo saben hoy los niños de pecho de toda España, pero no por ello deja de ser relevante la denuncia en boca del fiscal jefe Anticorrupción, en ocasión tan señalada y en escenario tan imponente como el Supremo. Todo se vino abajo, empero, ese buen vino se aguó cuando el insobornable Luzón decidió salvar el culo del presidente del Gobierno afirmando que «Sánchez no es el número 1» de lo que él mismo había descrito como «una verdadera organización criminal». Luzón se niega a colocar a Sánchez donde le corresponde: en el vértice de la banda criminal que hoy gobierna España por domo sua, ello cuando cualquier español con dos dedos de frente sabe que, con su entorno más cercano, incluido el familiar, imputado por diversos delitos de corrupción, es imposible que precisamente él, la persona más beneficiada por ese pestilente magma, no supiera nada de lo que ocurría en su derredor.

Hay quien sugiere que estamos ante un movimiento táctico, a la par que defensivo, de Luzón, un no querer quemar las naves antes de tiempo, sabedor como sin duda sabe del ingente material incriminatorio que se halla en sumarios como el de la financiación ilegal del PSOE, el caso Hidrocarburos o el caso Cerdán, por citar tres de los más relevantes. En suma, que pronto habrá otras oportunidades para alancear a ese toro. A corto plazo, sin embargo, el resultado del juicio de las mascarillas, con independencia de la sentencia que el Alto Tribunal imponga a los acusados, no puede ser más decepcionante: Sánchez se ha vuelto a ir de rositas, ha salido incólume de la montaña de fango que le rodea. Sánchez, el número 1 de la trama, el jefe de la banda,  ha ganado el juicio que ha sentado en el banquillo a su mano derecha, el inventor del sanchismo, un hombre que se ha negado a tirar de la manta y ha seguido protegiendo a su íntimo. Lo sabe todo de Sánchez y ha decidido seguir siéndole fiel. ¿Por qué? Tal vez por ese sentido de la fidelidad común a la secta socialista, pero puede que también por otros motivos, tal que la promesa de una amnistía en manos de un Constitucional que hoy por hoy pastorea Conde-Pumpido, por la certidumbre de un indulto que es competencia del Consejo de Ministros, y por la esperanza, en fin, de una estancia en Soto del Real de entre 3 y 4 años («José Luis, sé fuerte») de cumplimiento penal efectivo en caso de ser condenado, tiempo de llevadera zozobra que le permitiría después disfrutar de la pasta que, mucha gente sospecha, tiene puesta a buen recaudo.

El problema sigue siendo Sánchez. El cáncer que carcome a España es Sánchez. Con el Congreso desactivado y la fidelidad garantizada de los socios que le mantienen en el poder (fidelidad que pagan los españoles con sus impuestos y sus derechos mancillados), el sátrapa elude el ejercicio de la responsabilidad política a que estaría obligado por los escándalos que le asedian, mientras que la vía de la responsabilidad penal parece vetada por una FGE que se comporta como una mera prolongación de la voluntad del Ejecutivo. Blindaje político y blindaje penal. Habrá que esperar a que pierda el poder (si tiene a bien convocar generales algún día, que está por ver) para llevarle ante los tribunales y verle entre rejas, escenario que a día de hoy se antoja imposible de eludir para él a la vista de su performance como presidente.  El sistema está maniatado, incapaz de cualquier suerte de impeachment que permitiera al país descabalgar del poder a este aventurero de la política para recuperar el sendero de la concordia, la paz social y el verdadero progreso. Los próximos meses se adivinan terribles. Como aquí advertía Isaac Blasco, Sánchez, con la ayuda de sus terminales mediáticas, va a seguir percutiendo en el objetivo de encapsular el relato de su propia podredumbre política en el estrecho círculo de unos pocos presuntos delincuentes que nada tienen que ver con su persona. Sánchez ha hecho añicos la democracia española, y como también aquí afirmaba este jueves Carlos Souto (Okupas en La Moncloa), «ha transformado un orden elegido en un orden establecido. Ha convertido una mayoría circunstancial en un ecosistema permanente de intereses compartidos, silencios convenientes y miedos recíprocos. Ahí está el verdadero tablero».