La primera consecuencia de la carestía sostenida es la considerable reducción del poder adquisitivo de las familias. Una inflación estructural que actúa como un impuesto regresivo, castiga más a las rentas modestas. Los hogares con ingresos más bajos deben dedicar el 20% del presupuesto a comprar comida, frente al 5% de los más desahogados. Y afrontar la inevitable adquisición de huevos, un 93% más caros; carne y pescado frescos -hasta el 68% de subida- o el alza de casi el 60% en la fruta. Componentes todos ellos de una dieta saludable que se convierte en un lujo cuando la capacidad no alcanza, en especial en familias con niños o personas mayores con pensiones ajustadas. Las carencias nutricionales pueden venir también de la mano de la opción por productos procesados, en proporción más baratos pero que ponen en un compromiso a la salud en caso de abuso.

Compras estrictamente ajustadas a las necesidades, más frecuentes y menos voluminosas para controlar el gasto, y aprovechamiento de las ofertas -escasas y en ocasiones solo en apariencia ventajosas- son las armas con las que cuentan los consumidores, que no logran sacudirse la sensación de que comen dinero tras su paso por caja. El precio ya es el único argumento para decidir. Y no solo se modifican los hábitos a la hora de abastecer el hogar, también lo hace el consumo fuera de casa. La carestía sacude asimismo al sector de la restauración, con el café en la estratosfera y el menú del día en peligro de extinción porque a los mayores costes debe añadir un margen para seguir en la brecha. También en este caso las castigadas son familias responsables, además, de mantener empleos.