Con los datos de la investigación del ‘caso cloacas’ que se están haciendo públicos desde ayer, toda la apariencia apunta a que la trama dedicada a boicotear los procesos penales que afectan a Pedro Sánchez y al Gobierno no era de Santos Cerdán y Leire Díez, sino directamente del PSOE. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha concluido que ambos protagonistas urdieron un plan para proteger al presidente del Gobierno y para este objetivo se sirvieron de la estructura orgánica y de los fondos de su partido. Constan en el sumario hechos muy graves. El PSOE pagó por adquirir grabaciones en las saunas del suegro de Sánchez y utilizó una factura indiciariamente falsa emitida por un medio de comunicación digital a un proveedor de la campaña electoral de Salvador Illa. El máximo responsable de la Guardia Civil ordenó a la UCO que «se pusiera de perfil» en los casos que afectan al presidente de Gobierno y a su familia. Leire Díez se reunió en la Fiscalía General del Estado, como parte de su trabajo de evitar a Sánchez problemas judiciales. El PSOE ofreció al excomisario Villarejo un trato de favor de la Fiscalía a cambio de audios contra Mariano Rajoy y el BBVA. Súmese la investigación por financiación irregular y las bolsas con miles y miles de euros en metálico. Y esto es solo el principio de las revelaciones de una instrucción penal a la que aún le queda mucho recorrido, como el de determinar hasta qué punto Pedro Sánchez conocía y consentía la actividad saboteadora de Santos Cerdán y Leire Díez.

Los indicios se van encadenando en dos direcciones. Por un lado, la que lleva a concluir que todo lo sucedido es imposible que permaneciera al margen del conocimiento y del consentimiento de Pedro Sánchez. Es inverosímil que no viera el ruido y la dimensión de los trabajos sucios que estaban realizando su mano derecha en el partido, Santos Cerdán, y la inefable persona de confianza de este, Leire Díez. Con lo que ya se sabe, la declaración judicial de Sánchez llegará antes o después, y solo quedará por saber en calidad de qué, si testigo o investigado.

Por otro, la que lleva a considerar como inevitable la imputación del PSOE como persona jurídica. No es verosímil creer que todo el andamiaje de contactos, presiones, acceso a instituciones y disponibilidad de fondos por la trama puesta al servicio de Sánchez, se construyó al margen del PSOE. Por el contrario, con un simple criterio de normalidad, la única versión realista y admisible es la de que el PSOE se entregó a la causa de Sánchez, dejando de ser materialmente una organización política para convertirse en el limpiador de huellas, personaje tan frecuente en películas sobre mafias y organizaciones criminales. Cuando una persona jurídica se convierte en la plataforma sin la cual no serían posibles los delitos cometidos por sus directivos, su único destino es la imputación penal, que, además del efecto negativo que produce en la imagen pública, garantiza el derecho de defensa en el seno del procedimiento penal. Parece llegado el momento en que conviene que el PSOE se defienda con todas las garantías procesales.

Solo los muy ‘hooligan’ del sanchismo pueden reducir los hallazgos de la UCO a meras invenciones. Realmente son resultado de una instrucción penal que políticamente sentencia al PSOE y a Pedro Sánchez.