Las palabras, lo sabemos, no son inocentes. El lenguaje que utilizamos para contar hechos o expresar opiniones es, en sí mismo, una apuesta, una toma de posición. Se puede procurar cierta neutralidad, en un loable intento de no condicionar al lector o al oyente, o hacer todo lo contrario, eligiendo las palabras como señales más o menos sutiles que van marcando el camino hacia la conclusión predeterminada por el autor. Lo dijo el Papa en Madrid: “Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro”.

El lenguaje, como “combustible del pensamiento”, en expresión de Eugenio Trías, se utiliza hoy más que nunca como herramienta de confrontación y apoyo fundamental del encubrimiento. Fachosfera, fango, pseudomedios, tabloides digitales, son términos fabricados para diluir el impacto de revelaciones inicialmente refutadas por los cercanos al poder político. Ya no estamos en ese punto, sobrepasado por los hechos. Ahora de lo que se trata es de rebajar la trascendencia de lo conocido.

Solo un ejemplo: el pasado lunes La Vanguardia abría su sección de Nacional con este titular a cinco columnas: “Sánchez enfrenta otra semana crítica para poder sobrevivir al cerco judicial”. Y a continuación el subtítulo: “Exámenes para la mujer del presidente, la directora de la Guardia Civil y Zapatero”. La crónica se parecía mucho a un pliego de descargos en el que la mujer del presidente es víctima de un juicio político, lo de Zapatero no está nada claro, y son las derechas política y judicial las responsables de este clima irrespirable.

¿Corrupción? ¿Qué corrupción?

Pero más allá de eso, obsérvese el lenguaje: “Cerco judicial”, que sugiere asedio. “Exámenes”, palabra convertida en atenuante. Por cierto, el término “corrupción” no aparece ni una sola vez en todo el texto. Hay muchos más ejemplos, y si he elegido el periódico que en 1881 fundaran los hermanos Godó es por tratarse de uno de los más influyentes entre los que extreman el cuidado con el léxico, y con el loable propósito de rebajar el clima de crispación (¿?), reducen al mínimo la aparición en sus primeras páginas de los últimos escándalos. Eso sí, todos los lunes acude puntual a su cita ese conocido autor de vacuidades y de eslóganes pelotudos (“Menos presidencialismo, más Pedro”, propone) que asesoró al presidente del Gobierno.

La polisemia del lenguaje, en efecto, es el combustible del pensamiento, y este, el pensamiento, debiera servir para hacer posible, como dice el pontífice, el encuentro. Y sin embargo lo que se ha puesto en marcha es lo contrario, un desesperado intento de salvar el pellejo a costa del Estado de Derecho. De nuevo La Vanguardia, sábado 13 de junio: “Hay cada vez más personas convencidas de la existencia de lawfare (utilización de la ley con fines políticos) o, al menos, de un doble rasero en los casos políticos. Lo más inquietante es descubrir la connivencia entre iniciativas de las fuerzas de seguridad (de la UCO o de la UDEF) y los jueces de instrucción”.

El parágrafo anterior lo firma Ignacio Sánchez-Cuenca, que concluye su artículo, titulado “Algo huele a podrido en el Estado”, con esta afirmación: “Policías y jueces siguen inmersos en las peores tradiciones carpetovetónicas, impregnados por un fuerte corporativismo y sin entender del todo su papel en una sociedad democrática”. El profesor de Ciencia Política sostiene que unos y otros, jueces y policías, también los que nacieron a partir de 1975, la mayoría, siguen impregnados del franquismo que la Transición no pudo o, mejor dicho, no quiso depurar: “Las consecuencias de no renovar el Estado se han dejado sentir a lo largo de las cinco décadas de democracia”. Pero te das cuenta ahora.

¿Autocrítica? ¿Qué autocrítica?

Según esta tesis, apoyada según el profesor por cada vez más personas, los jueces Calama, Pedraz, Peinado o Biedma, obviamente todos los magistrados de la Sala Segunda del Supremo, el teniente coronel Antonio Balas y el resto de miembros de la UCO o de la UDEF, son productos del franquismo confabulados para derribar a un gobierno legítimo. Esta es la peor de las corrupciones, la del intelectual orgánico que reinterpreta lo ocurrido hace cincuenta años y, en un intento de contrarrestar el daño causado por los deleznables hechos que estamos conociendo, no duda en desacreditar a las instituciones encargadas de perseguir los abusos del poder.

En lugar de reclamar desde posiciones de izquierda democrática un mínimo de autocrítica, Sánchez-Cuenca justifica y se alinea con la defensa más desesperada del sanchismo, expresada con insensata facundia por Óscar López, y de paso alimenta la narrativa del independentismo catalán y de Bildu, de Otegi, Junqueras y Puigdemont, esa que propaga por tierra, mar y aire que España es una falsa democracia.

“Una democracia puede soportar sentencias discutibles; lo que no puede admitir es la erosión sistemática de la confianza en los procedimientos del Estado de derecho”, escribía en El País Fernando Vallespín al día siguiente del patético artículo de Cuenca. Si no era una réplica, lo parecía. En todo caso, celebro que alguien alce la voz en el desierto intelectual de la izquierda frente a los que utilizan un lenguaje premeditadamente exculpatorio o avivan injustificadas y muy dañinas insinuaciones con tal de conservar sus privilegios, los directos o los obtenidos por personaje interpuesto, convirtiéndose en cómplices directos de la corrupción.