En realidad, se trata de una asignatura pendiente en el País Vasco que desborda el marco de la educación, en un contexto de fuerte debate en torno a las exigencias lingüísticas. El informe publicado ayer por el Deustobarómetro evidencia que la mayoría de los vascos prefiere el pragmatismo: un rotundo 80% de los entrevistados rechaza aumentar los requisitos de la lengua vasca en las ofertas de empleo público y exige aplicar criterios de flexibilidad adaptados a la realidad sociolingüística. Las críticas de los alumnos afectados por la avalancha de suspensos, detectados inicialmente en aulas del modelo A pero extendidos también a centros de la red pública, son comprensibles ante la falta de homogeneidad, pero podrán desactivarse si se confirma la validez técnica de la corrección.

Por eso se impone una explicación sin demora que certifique la necesaria imparcialidad de los tribunales y que aleje el fantasma de la discriminación por un eventual exceso de celo. Es el momento de que la EHU y el Gobierno vasco, partícipes de la PAU, plasmen su compromiso con la transparencia y promuevan una colaboración que es vital además para elevar el nivel académico e incentivar el talento. De su cooperación dependen la profesionalidad de la evaluación y, lo que es más importante, el futuro universitario de unos alumnos que ahora ven comprometido su acceso a la carrera elegida. Si el examen de Euskera en la Selectividad o el protagonismo de esta lengua en las OPE se perciben como una arbitrariedad, crecerá el rechazo social a un idioma que debe impulsarse desde la pluralidad, el afecto y el incentivo, sin generar frustración.