El magistrado de la Audiencia Nacional da un enorme salto adelante en la instrucción de las posibles maniobras orquestadas desde la trastienda del PSOE para torpedear las causas judiciales más incómodas para Pedro Sánchez: encausa a González y al director adjunto operativo del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas, por conspirar contra sus propios agentes para desestabilizar su trabajo y contener así el impacto de sus revelaciones con el fin último de favorecer a Sánchez y su partido. Resulta insostenible que la seguridad del Estado permanezca en manos de altos cargos sospechosos de sabotear a sus investigadores en la UCO, la unidad de élite en la persecución de la corrupción política. Por ese motivo, no es defendible la posición del presidente y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al renovarles la confianza, aunque les asista la presunción de inocencia. No se puede amparar una conspiración contra guardias civiles que desarrollan sus funciones, cuando la prioridad sería depurar responsabilidades en la sala de mandos de un servicio del Estado tan sensible.

Se trata de atajar cualquier sombra de duda, en aplicación del rasero que Sánchez parece haberse impuesto cada vez que le salpica un escándalo. Aunque fuera de forma cautelar, convendría el cese de los dos altos cargos imputados para no perjudicar aún más la imagen de la Guardia Civil y de su profesionalidad. Es necesario marcar con claridad una línea ética, en cumplimiento con la ejemplaridad con la que los socialistas se quieren distanciar del PP. Son ya demasiadas ocasiones situados ante una primera vez, tras la imputación del expresidente Zapatero y del hermano del actual jefe del Gobierno. Mercedes González se convirtió ayer en la primera directora de la Guardia Civil investigada desde los tiempos oscuros de Luis Roldán.