La política se parece cada vez más a una guerra de desgaste emocional donde cada palabra se convierte en munición y cada discrepancia en motivo de sospecha. Las redes sociales hierven, los platós sentencian y muchos medios parecen más interesados en reforzar las certezas de sus audiencias que en cuestionarlas. Con demasiada frecuencia han dejado de actuar como mediadores entre la realidad y la ciudadanía para convertirse en actores de la contienda.

En medio de ese ruido, la política se degrada hasta convertirse en un mercado de consignas, indignaciones instantáneas y fidelidades ciegas. Se habla sin descanso del bien común, pero pocas veces se reconoce que gobernar implica decidir qué intereses se priorizan, qué grupos sociales se benefician y cuáles asumirán los costes de las decisiones.

La política no consiste en administrar verdades universales, sino en gestionar conflictos, repartir costes, establecer prioridades y asumir consecuencias. Por eso nunca puede separarse del terreno incómodo de la ética. Sin embargo, la mentira ha encontrado en nuestro tiempo un ecosistema fértil. Se magnifican los errores ajenos mientras los propios se vuelven invisibles. Poco a poco, la verdad deja de ser relevante.

El periodista Ramón Lobo en el homenaje que le dedicó a John le Carré, dijo: «Toda la obra del maestro de la novela de espionaje gira en torno a una misma pregunta: ‘¿Cómo permanecer moral en un mundo inmoral?’». Otro tanto cabría decir del mundo político. Tal vez por eso resultaría tan valioso un dirigente capaz de reconocer la complejidad de los problemas, de decir ‘no lo sé’ cuando corresponde y de explicar con honestidad los costes de cada decisión. La política no necesita profetas infalibles, sino personas responsables. Y las democracias tampoco necesitan hinchas, sino ciudadanos críticos, capaces de escuchar, deliberar y desconfiar incluso de aquellos a quienes votan.

La política contemporánea premia la velocidad sobre la reflexión, el impacto sobre la verdad y la lealtad tribal sobre la inteligencia. Quien matiza parece débil; quien duda, inseguro; quien reconoce límites, derrotado de antemano. Aun así, sigue siendo imprescindible que haya personas decentes en política. Aristóteles sostenía que quienes gobiernan debían poseer virtud moral. Los romanos hablaban del ‘decorum’: una combinación de dignidad, prudencia y sentido de la justicia.

Quizás ahí resida una de las mayores tragedias de la vida pública: no siempre son las personas honestas quienes transforman las instituciones, con frecuencia son las instituciones las que terminan transformándolas a ellas. Muchos llegan con convicciones firmes y una voluntad sincera de cambio, pero acaban absorbidos por inercias burocráticas, cálculos electorales, estrategias partidistas y estructuras de poder -económicas, jurídicas, mediáticas o internacionales- que condicionan los márgenes de maniobra de cualquier gobierno y, con ello, los límites de lo políticamente posible. Y quienes intentan resistirse a esas dinámicas suelen pagar un coste personal o político. Muchos terminan adaptándose porque el precio de no hacerlo resulta demasiado alto.

Gobernar nunca ha sido una tarea limpia. La política está hecha de contradicciones inevitables. Hay bienes que chocan entre sí, decisiones correctas que producen daño y causas nobles que generan consecuencias injustas. A veces incluso la verdad tiene un precio político elevado.

Vivimos, además, atrapados en una campaña electoral permanente. Todo debe ser inmediato: la reacción, el titular, la indignación y el castigo. Casi nadie gobierna pensando en la próxima década, apenas se piensa en la próxima semana. La democracia corre así el riesgo de convertirse en un estado de agitación continua donde resulta imposible construir serenidad, perspectiva o proyectos duraderos.

Por eso el buen político es el que sabe que gobernar implica pérdidas, renuncias y conflictos irresolubles. Quien intenta ir a la raíz de los problemas. Quien no actúa desde el cinismo ni desde la arrogancia moral, sino desde una responsabilidad consciente.

La política no consiste en esperar líderes providenciales ni sistemas perfectos. Habría que empezar por algo más sencillo y, al mismo tiempo, más difícil, recuperar la honestidad intelectual, la honradez, la conciencia de los límites y la voluntad de convivir sin convertir al adversario en enemigo.

Ahora bien, una democracia no se degrada solo cuando fallan sus dirigentes. También se degrada cuando los ciudadanos dejan de exigir verdad, complejidad y decencia; cuando castigan el matiz, premian la consigna y sustituyen el juicio crítico por la fidelidad a la tribu.