Entre las instituciones esenciales puede que esté la Diputación de Badajoz, donde ya hay una sentencia que establece que a David Sánchez se le creó un puesto de alta dirección a medida y se le adjudicó mediante un procedimiento «ad hoc». Que el dinero de los impuestos sea sagrado porque va para sanidad, educación y puestos amañados de alta dirección explica que ayer el oficialismo insistiese en que estamos ante otra condena sin pruebas. Por eso, imagino, la sentencia incluye dieciséis folios de hechos probados. Como en ellos los jueces también argumentan por qué hay cosas de las que no cabe responsabilizar a David Sánchez, Montse Mínguez, portavoz del PSOE, tardó minutos en subrayar holmesiana un par de frases que comienzan con un «No ha quedado acreditado» y arrojar sus conclusiones a Twitter como quien surte de anfetaminas al ejército de bots gubernamentales que lucha contra los bulos. «A mí me parece tremendo», tuiteó Mínguez, con el ‘tremendo’ en mayúsculas.

«Persecución por la cara», dictaminó Gabriel Rufián sin posar una sola mirada en la sentencia, pero siendo la voz del barrio, donde, como sabe, nada importan los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Sin medir la distancia entre la falacia y el ridículo, Mónica García resaltó en cambio que condenan… ¡a un músico! Se repite que la denuncia inicial contra David Sánchez viene de la ultraderecha, pero viene de un diputado autonómico de Podemos que se olió algo raro. Como un recuerdo del extinto 15-M, llegó ayer la voz solitaria de Ione Belarra refiriéndose a lo de la Diputación de Badajoz de un modo, al menos, reconocible: «un caso de enchufismo escandaloso del bipartidismo».

Además de conflictiva, la Selectividad de 2026 en el País Vasco parece inagotable. Quiero decir que los datos no dejan de aflorar y todos parecen propicios a convocar largas charlas junto al fuego. Dime, oh Musa, la historia de aquellos jóvenes vascos de multiforme nota… Ahora sabemos que en la última PAU casi un tercio de los estudiantes vizcaínos y alaveses no aprobaron el examen de Euskera, o sea, de Lengua Vasca y Literatura II. En Gipuzkoa, en cambio, solo un 14% de los alumnos resultaron no aptos en la asignatura. El dato imagino que reforzará la tendencia a entender la realidad sociolingüística del país como algo que urge no tener en cuenta.

Que Gipuzkoa sea el territorio donde se habla más euskera explica los resultados de una prueba decisiva para unos estudiantes que en su gran mayoría, también los vizcaínos y alaveses, completan su educación obligatoria con el euskera como lengua vehicular. La gran mayoría también realiza la PAU en euskera, que es al fin y al cabo el idioma en el que se han preparado para hacerlo. Y la prueba la aprueban el 95%. Pero el examen de Euskera lo aprueba solo el 76%.

Puede que apenas llame la atención en un sistema que es ya eminentemente paradójico. Lo demuestra que, cuando llegan los malos resultados educativos, el razonamiento que se impone entre las autoridades del país comienza a ser que la euskaldunización no está funcionando como debería, pero no porque haya problemas en su diseño y aplicación, sino porque hay demasiada gente que, en realidad, no es euskaldun.