Todo ello después de que Carasatorre se negara a mantener un encuentro conmigo, hermana de Gregorio Ordóñez, una de las personas por cuyo asesinato fue condenado. Al parecer, no todas las víctimas servimos para lo mismo. Algunas resultamos incómodas. Otras pueden ser muy útiles para completar un expediente penitenciario.

No cuestiono la buena fe de las víctimas que participan en estos encuentros. Cada una tiene derecho a afrontar su dolor como considere oportuno y nadie debe juzgarla por ello. Cuestiono a unas instituciones que pueden estar utilizándolas para aparentar un proceso de reinserción y justificar decisiones adoptadas de antemano. Cuando un encuentro supuestamente restaurativo va seguido seis días después de una medida de semilibertad, es legítimo preguntarse qué se estaba restaurando. ¿Se buscaba reparar a las víctimas y responsabilizar al victimario o marcar una casilla en el expediente?

La justicia restaurativa no consiste en sentar a una víctima y a un terrorista en una misma habitación. Tampoco en provocar una conversación emotiva, escuchar palabras lacrimógenas sobre el dolor o conseguir que el preso aparente empatía. Su finalidad debe ser responsabilizar al infractor y reparar el daño, colocando a la víctima en el centro del proceso. Por eso, el encuentro no puede valorarse por su mera celebración, sino por lo que demuestra: qué responsabilidad asume el terrorista, qué verdad reconoce, qué voluntad de reparación manifiesta y qué consecuencias está dispuesto a afrontar. En el caso de ETA importa, además, si ha comprendido y deslegitimado la finalidad política a la que sirvieron sus crímenes.

Los terroristas de ETA no fueron delincuentes comunes. Mataron, hirieron secuestraron, extorsionaron y amenazaron para imponer un proyecto político. Eligieron a personas concretas para aterrorizar al conjunto de la sociedad y doblegar al Estado de Derecho. Por eso, su arrepentimiento no puede reducirse a una emoción privada ni a lamentar que alguien sufriera. Exige reconocer que el crimen fue radicalmente injusto, que ETA nunca tuvo legitimidad y que ninguna aspiración política justificaba sus crímenes terroristas. Y exige romper con el ecosistema que sostuvo aquella violencia.

Aquí aparece una de las grandes contradicciones de estos supuestos procesos de reinserción. ¿Cómo puede presentarse como arrepentido quien continúa plenamente integrado en el entorno que lo considera un «preso político» y que ha convertido el arrepentimiento en una línea roja? ¿Cómo puede acreditarse ese arrepentimiento mientras sigue recibiendo el respaldo jurídico, material y político de las mismas redes que reclaman la excarcelación colectiva de los presos de ETA y se niegan a reconocer que su violencia fue siempre injusta?

Sabemos que el arrepentimiento sincero existe. Algunos antiguos miembros de ETA han roto de verdad con la organización terrorista y con el mundo que la sostuvo. Lo sabemos porque han deslegitimado públicamente el terrorismo o han colaborado con la justicia. Es el caso de los testigos protegidos que han aportado información para esclarecer la autoría intelectual del asesinato de mi hermano. Y han pagado un precio muy alto: han quedado fuera de las redes de protección de la izquierda abertzale y han pasado a ser considerados traidores. Carasatorre también podría romper la ley del silencio y contribuir a esclarecer la autoría intelectual del asesinato de mi hermano y otros crímenes de ETA aún impunes. ¿Por qué no lo hace, si su arrepentimiento es tan sincero como para justificar la semilibertad?

El caso de Carasatorre es revelador: el Gobierno vasco ya le había aplicado el artículo 100.2, también días después de otro encuentro con víctimas. Aquella decisión fue revocada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria y ratificada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que apreció graves deficiencias en el expediente. Sin embargo, pocos meses después, el Gobierno vasco ha vuelto a concederle el artículo 100.2. Entre una decisión y otra, siempre un encuentro con víctimas cuidadosamente seleccionadas. Días después, la recompensa. Cuesta creer que la semilibertad sea la conclusión de una evaluación rigurosa. Más bien parece un objetivo fijado de antemano, para el que después se buscan informes y escenificaciones.

Esta generosidad administrativa con los terroristas contrasta con el trato que recibimos las víctimas. Ojalá tuviéramos tantas facilidades para ejercer nuestros derechos como las que encuentran algunos presos de ETA para acceder a la semilibertad. Ojalá nuestros expedientes avanzaran con la misma rapidez. Ojalá las instituciones desplegaran igual creatividad, insistencia y determinación para atender nuestras reivindicaciones.

No estoy en contra de la justicia restaurativa, sino de su adulteración. No estoy en contra de la reinserción, sino de que se use esa palabra para encubrir excarcelaciones fraudulentas. Si fuera una verdadera justicia restaurativa, la víctima obtendría un mínimo de reparación y el victimario asumiría su responsabilidad. En esta farsa sucede lo contrario: la víctima sirve de aval para un expediente y el supuesto arrepentimiento se convierte en un premio para obtener la semilibertad. Encuentro, expediente y premio. Todo muy restaurativo. Salvo para sus víctimas, como es mi caso.