Al ministerio de Félix Bolaños le faltaban casi 310 millones de euros para gastos de personal. El Gobierno abrió los cajones, rebuscó entre las cuentas y encontró el dinero. El Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de 309,8 millones desde el Ministerio de Educación al de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Traducido al castellano: a Bolaños le faltaba dinero para pagar sueldos y lo ha encontrado en la cartera de Milagros Tolón.

La cantidad procedía de fondos europeos consignados en 2023 para proyectos ya ejecutados, pero continuaba figurando en unas cuentas prorrogadas por tercera vez. No se han retirado becas, cerrado colegios ni despedido profesores. Bolaños no se ha presentado en un aula para llevarse la caja de tizas. La transferencia puede tener una explicación contable perfectamente razonable. La cuestión política es que en pleno 2026 esas necesidades se atiendan sobre unos Presupuestos concebidos para un país que ya no existe.

Y no estamos hablando de una pandemia, una catástrofe natural o una invasión extraterrestre que haya obligado a contratar urgentemente a miles de funcionarios especializados en comunicarse con Marte. Tampoco ha aparecido de pronto un ejército de empleados públicos llamando a la puerta de Bolaños con una nómina entre los dientes. El personal ya estaba contratado. Se sabía que cobraba. Incluso se sospechaba que querría seguir haciéndolo todos los meses.

Las mismas cuentas

Los últimos Presupuestos fueron aprobados en 2022 para el ejercicio de 2023. Desde entonces ha habido una ley de amnistía, nuevos organismos, nuevos compromisos de gasto y una legislatura cuya mayoría cambia de precio prácticamente en cada votación. Las cuentas de referencia, sin embargo, siguen siendo las mismas, como si España hubiese quedado congelada el día después de aprobarlas.

No es que Pedro Sánchez no pueda presentar unos nuevos Presupuestos. Puede hacerlo cuando quiera. Lo que no puede garantizar es que se los aprueben. Y ahí está el verdadero problema. Así que ha encontrado una solución mucho más cómoda: gobernar sin demostrar que puede gobernar. En lugar de presentar unas cuentas, negociarlas y someterlas a votación, mantiene vivas las de 2023 y después va trasladando dinero de un lado a otro según aparecen los agujeros. España no tiene presupuesto. Tiene un monedero con muchos compartimentos y un señor agitando cada cremallera hasta que suenan monedas.

Esta vez han sonado en Educación. Podrían haber aparecido en Transición Ecológica, en Cultura o en cualquier otro ministerio. Pero hay algo especialmente hermoso en que el dinero para pagar personal de Presidencia y Justicia aparezca precisamente en Educación. No demuestra que el Gobierno haya sacrificado las escuelas para sostenerse, pero ofrece una estampa demasiado perfecta para dejarla pasar.

Obliga a los socios

La educación pública seguirá siendo fundamental, por supuesto. Tan fundamental como la vivienda, la dependencia, la sanidad, la ciencia y la lucha contra la pobreza infantil. En los discursos del Gobierno todo es fundamental. Las dificultades empiezan cuando hay que asignar dinero, porque entonces unas cosas resultan más fundamentales que otras. Los sueldos del ministerio de Bolaños, por ejemplo, son de una importancia metafísica.

Lo que pasa es que las cifras no son sentimentales. Cada euro destinado a una cosa deja de estar disponible para otra. Cada promesa exige explicar quién la paga. Y cada partida obliga a los socios parlamentarios a decidir si sostienen realmente el proyecto del Gobierno o solo al presidente que lo encabeza. Y, por increíble que parezca, Sánchez prefiere no comprobarlo.

Si no presenta los Presupuestos, nadie puede rechazárselos. Si nadie se los rechaza, puede seguir defendiendo que conserva una mayoría suficiente. Es una forma muy eficaz de no perder una votación: no convocarla. Una mayoría de investidura sirve para elegir presidente. No equivale a una mayoría presupuestaria y precisamente por eso las cuentas son la prueba que Sánchez lleva toda la legislatura evitando. El presidente necesita al Parlamento para la investidura, para convalidar decretos y para recordar que la soberanía reside en las Cortes. Cuando toca someter a esas Cortes el documento más importante de la legislatura, la soberanía puede esperar.

Cuentas sin negociar

Resulta especialmente apropiado que los 310 millones terminen en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El departamento encargado de relacionarse con el Parlamento recibe dinero de unas cuentas que el Gobierno evita llevar al Parlamento. La relación parece consistir en no molestarse demasiado. Mientras tanto, la prórroga presupuestaria ha dejado de ser una solución excepcional para convertirse en una forma de gobierno. Ya no sirve para cubrir unos meses mientras se negocian nuevas cuentas. Sirve para continuar indefinidamente sin negociarlas.

El dinero ha aparecido y las nóminas se pagarán. Lo que sigue sin aparecer es una mayoría dispuesta a aprobar unas cuentas nuevas. El Gobierno puede mover 310 millones de un ministerio a otro, pero no puede trasladar de la misma manera los votos que le faltan.